Abogados plagiando abogados, a propósito del plagio de Sergio E. Casanueva Reguart en “su” libro Derecho Administrativo Integral, por Darío Ángeles y Tito Garza Onofre

Hace algunos años el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la corrupción era un problema cultural en México. Es decir, dio a entrever que el mexicano es corrupto por naturaleza. Así, la corrupción antes que ser un factor estructural, institucional, o contextual y coyuntural, que podría de alguna u otra manera limitarse, atacarse, pero, sobre todo erradicarse, simple y sencillamente habría que acostumbrarnos a convivir con este generoso fenómeno.

El presidente fue muy, pero muy, criticado. Tanto que prefirió ignorar las críticas. Y seguir adelante como todo un estadista.

Meses después se evidenció que Peña Nieto había plagiado diversos párrafos de su tesis de licenciatura (el 28.8% del contenido de su tesis, según la periodista Carmen Aristegui y su equipo), y antes que erigir una defensa en línea con lo que debería ser un trabajo de investigación ante una Institución educativa medianamente seria, adujo de forma tan sarcástica como altanera que eran “errores de estilo”.

Lo que nadie puede negar es que el presidente es consecuente hasta la médula, porque cuando él mismo está aceptado que plagiar es un tema de forma, un tema menor, cuando acepta que plagiar se vale, acepta implícitamente que el plagio es una forma de corrupción válida, porque es algo cultural. Porque aminorar el plagio es aceptar que en el país no pasa nada y si pasa tampoco pasa nada.

En este espacio ya se ha escrito sobre el plagio (cof cof Edgar Elías Azar y Alejandro Martí), sobre imposturas, sobre aparentar, sobre escribir. Y sin embargo, se tiene que seguir escribiendo sobre lo mismo.

Hace unas semanas en Guadalajara, Christian Courtis en un panel sobre la enseñanza de los derechos humanos, con ánimos un tanto provocadores y alarmistas, dijo que los libros de Burgoa deberían quemarse, o mandarse a las secciones históricas de las bibliotecas. Tal afirmación, generó alguna polémica que después, en el mismo foro, Javier Martín Reyes retomó en su ponencia sobre cómo enseñar la constitución para llamar la atención sobre lo desactualizado, anacrónico y poco variado del mercado jurídico editorial en México. La crítica en concreto, fue contra la principal editorial jurídica del país. Javi no escatima, es bien punk (¡y por eso lo queremos!), y comenzó a despotricar contra Porrúa que, valga la pena decirlo, precisamente, había colocado su puestesito de libros de Burgoa afuera del Congreso, haciendo amigos as always…

Pero tenía razón. De hecho, lo seguimos discutiendo días posteriores, tanto en vivo como en redes. El argumento principal era que existe algo que se pinche llama RESPONSABILIDAD SOCIAL (perdón por las mayúsculas, no estamos gritando, sino que se picó sin querer el Caps lock), existe algo que se llama compromiso respecto a lo que se escribe y a lo que se publica, un mínimo de responsabilidad editorial por la sociedad, por quienes compran un libro, estudian del mismo, o de entrada dan el voto de confianza de que lo que se plasma bajo ese sello es algo que vale la pena leer.

No todo tiene que estar sujeto a los vaivenes del puto mercado. No todo se trata de vender por vender. De publicar por publicar. La crítica es mucho más profunda y ya se ha teorizado bastante sobre esto, Gabriel Zaid, por ejemplo, en Los demasiados libros, pero en el ámbito jurídico, o en esta disciplina que muchas veces es tan gremial y condescendiente y donde todos conocemos casos turbios, parecería aplicar lo mismo que afirmaba Peña sobre el componente cultural de estos actos dañinos.

Los que tenemos la oportunidad de dar clases nos quejamos constantemente del copipeist de los alumnos, abundan los casos de deshonestidad académica, pero qué pasa entre nosotros, entre pares. Acaso hay un par de antecedentes concretos en el país, pero el problema es estructural, lleno de complicidades y enturbiado en todos los niveles. Desde casas editoriales, autores, académicos y promotores.

Porque si uno es lo que lee, qué chingados estamos leyendo. Y más en el campo jurídico…

Sirvan estas desesperadas y difusas líneas para que nos acompañen a encontrar 5 diferencias entre los siguientes textos:

Nosotros encontramos las siguientes: la tipografía, el mayor/menor contenido de texto (a la izquierda hay un párrafo adicional), los subrayados a mano en uno de los textos, el número de página y el formato. Pero, esencialmente, son textos idénticos. Esto claro que pudiera ser consecuencia de distintas razones como:

• distintas ediciones del libro;
• cita textual excesivamente larga;
• reutilización de un texto del mismo autor;

Pero esta coincidencia tiene otra explicación: se trata de un plagio en una de las editoriales jurídicas más importantes del país.

El libro en el que se encuentra el plagio se denomina “Derecho Administrativo Integral”, de Sergio E. Casanueva Reguart. Se trata de una primera edición, en la Editorial Porrúa, México, del año 2011, y la obra plagiada es el “Derecho Administrativo” de José Roldán Xopa, en su primera edición, Editorial Oxford, México, del año 2008.

Y aunque quizá se pudiera tratar, como defendería Peña Nieto, de “errores de estilo”, lo cierto es que, hasta donde hemos podido documentar, el libro de Casanueva cuenta con 181 de 350 páginas plagiadas directamente de obras de otros autores (la obra tiene un total de 500 páginas, pero a partir de la página 353 se encuentra la bibliografía, y 6 apéndices). Adicionalmente tiene dos capítulos que se limitan a trascribir gran parte de dos leyes federales.

Debido a que el caso es tan burdo y excesivo les compartimos lo que nos pareció más absurdo del plagio. Trataremos de ser puntuales…

1.- El autor se remite a sus otras obras…. Que no son de él.

El descuido en el plagio es tal que en llamadas a pie de página remite a distintas textos escritos por el mismo autor, que, en el caso del texto de la izquierda (el original) tiene sentido, pues se trata de Roldán Xopa remitiéndose a sus propios textos.

2.- Hacer tus propias gráficas toma tiempo, es mejor tomar las de alguien más.

A la izquierda se encuentra el texto “Teoría General de la Administración Pública”, un texto visible en Internet (el texto se titula “Teoría General de la Administración Pública”, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas, Administración y Contabilidad Pública (el texto lo encontramos con esta búsqueda), y a la derecha el texto de Casanueva.

3.- Porque ante un mismo fenómeno, la forma en que expresamos las cosas es igual para todos.

El texto de la izquierda es de Döring y Hernández (Erika Döring y Carmen Evelia Hernández, titulado “La Administración Pública de nuestros días. Pasado y presente de la Estructura Administrativa del Poder Ejecutivo Federal”, un artículo de 1994, originalmente publicado en la revista “Gestión y Estrategia”, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su número 7. La versión en línea se puede consultar en: http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/4654).

4.- La tecnología tiene que evolucionar, y por eso hay que introducir ligas a páginas de Internet, en textos impresos.

5.- Para qué usar ejemplos nuevos, si puedes reciclar los de otros.

A la derecha el texto de Casanueva. A la izquierda, el texto de Roldán Xopa, el de Marina Ivnisky (Visible acá), y el de Sergi Valera (Visible acá).

Como se puede observar, el texto de Casanueva está repleto de estos ejemplos de transcripciones literales, extensas y sin reconocimiento de la obra de otros autores, ¿cómo puede suceder esto?, ¿es culpa del autor?, ¿es culpa de la editorial?

Decíamos que en este país no pasa nada aunque pase algo, pero decidimos evidenciar el plagio con la esperanza (sí, inocentes nosotros) de que al menos se ponga en la mesa de discusión tanto la producción literaria en el derecho mexicano, como la labor editorial que permitió que semejante obra fuera publicada y puesta en circulación.

Y es que esto no se trata de una compilación para fines académicos, sino de una serie de reproducciones comercializadas al público general que ni siquiera hacen sentido en su totalidad, presentadas bajo el título de “Derecho Administrativo Integral”, con tal grado de descuido que no nos hacen más que suponer, disculpen ustedes, que sucedió una de las siguientes hipótesis:

• O el autor decidió, conscientemente, plagiar las obras citadas, asumiendo que ni el editor iba a leer su obra (apuesta no arriesgada, considerando el promedio de lectura anual en México); o
• el libro no fue escrito por él, sino que le pidió a alguien más que lo escribiera, y no tuvo la precaución de revisar el material que le entregaron. Esta situación sabemos que es un secreto a voces. Todos conocemos a alguien que trabaja para juzgadores, profesores, abogados, y que escribe los textos que ellos después publican con su nombre, sin darles crédito.

Ambas hipótesis son lamentables, lúgubres y penosas realidades de la práctica académica mexicana (y de otras latitudes pues, nos consta que las mismas acusaciones existen en España y Argentina), y que nos llevan a formular las preguntas de ¿qué contenidos estamos leyendo los abogados en México?, ¿cómo y quiénes controlan la calidad de lo que leemos?, ¿qué pasa con la editorial que permite que tal plagio llegue al público en general?

Ok, no decimos que sea fácil identificar estas cosas pero algunas cosas se deberían de poder hacer, como contar con un consejo editorial, establecer parámetros objetivos para calificar las publicaciones, invertir en software que pueda comparar los textos, etc. El punto final es: se necesitan mejores contenidos jurídicos en este país. Y este tipo de obras no constituyen eso.

Hasta aquí hablamos de corrupción cultural (¿?), de la calidad de los textos jurídicos, de responsabilidad social. Quizá con esta mezcla de temas acompañados del plagio identificado lo que queremos es que la corrupción, aún en sus “pequeñas” manifestaciones como podrían ser los errores de estilo (llamados plagio en el resto del mundo), no sean reflejo cultural.

Ojalá que al menos a la gente que publica cosas sin escribirlas les dé un poco de culpa; que Porrúa reconsidere sus parámetros para publicar y comercializar obras. Ojalá que Sergio E. Casanueva Reguart de una explicación. Ojalá, cuando menos, mejores textos jurídicos. Quizá, tal vez pero solo tal vez, esto impactaría en la corrupción cultural de la que hablaba Peña Nieto.

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* Hemos preparado un documento en que detallamos las fuentes de plagio que, por su extensión, no podía presentarse aquí, pero nos lo pueden pedir si es de su interés.