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Fighting Legal Innumeracy por Edward K. Cheng

Fue el gran poeta y compositor guatemalteco Ricardo Arjona quien en su afamada canción Me enseñaste afirmó que “los abogados saben poco de amor y que el amor se cohíbe en los juzgados”. La frase más allá inconsecuente (como las mayoría de las composiciones del trovador) resulta insostenible pues recientemente diferentes series de televisión, como The Good Wife, o novelas, como La hora azul de Alonso Cueto, se han encargado de ir forjando una imagen no precisamente divergente entre amor y abogacía.

¿Es importante que los abogados sepan de amor? Mmm, pues vaya. Sí, pero como con cualquier otra profesión, o cualquier persona en general. Los sentimientos son un componente importante que habrá que cultivar porque, en gran medida, guían nuestras opiniones y decisiones.

Ahora bien, esto del amor y los abogados, a pesar de su importancia, no estoy tan seguro que sea un elemento definitorio al momento de ejercer la profesión. O más bien, creo que es posible identificar un campo de acción donde lo profesional no necesariamente intercede con lo personal. No lo sé, en verdad. Habría que echarle una pensada.

Lo que sí sé, pues me consta, es que los abogados, los operadores jurídicos en general, saben poco de otros campos. O más bien, no les interesa saber de otros campos, o establecer vías de comunicación entre cualquier tema ajeno al derecho. Exclusión. Hermetismo. Aislamiento jurídico que le ha llamado Fritz Schulz. Aquí se podría alegar que esto no es algo exclusivo de la profesión, y algo habrá de cierto, sin embargo, las caracterizaciones y formas que hacen de la ciencia del derecho, y por ende de sus operadores, una materia incomunicada con muchos otros campos del conocimiento parecen sobresalir sobre otras profesiones.

Se ha dicho hasta al cansancio que los abogados deben saber de filosofía, de política, de sociología, de economía, de literatura, de cine, de música, de arte, de cultura general pues, y sí, sí, sí, sí, todo eso está muy bien, y se trabaja (y sobre todo se lucha) constantemente en ello para conseguirlo. ¿Pero qué hay de otros campos del conocimiento más lejanos a las humanidades o a las ciencias sociales? Digamos por ejemplo, las matemáticas.

Screen Shot 2015-01-15 at 12.22.19 PM¿Es verdad eso de que quienes estudiamos derecho elegimos esta profesión ya que somos malos para las matemáticas? Parafraseando a Arjona, ¿los abogados saben poco de números y los número se cohiben en los juzgados?

Esa es más o menos la pregunta que se hace Edward K. Cheng, profesor en la Vanderbilt Law School, en su paper Fighting Legal Innumeracy, cuya traducción al español acaso sería “Combatiendo la inhabilidad numérica en el derecho”. Bueno, no. De hecho no. Numeracy es una palabra gringa que viene a significar la habilidad para entender y trabajar con números, no es propiamente la aritmética, sino su capacidad de comprensión y posterior uso. En fin.

Antes de comentar el papersito de 8 hojas, he de comentar que este lo encontré en el blog, que no me canso de recomendar, http://www.saberderecho.com de Gustavo Arballo, cuando hace unos días posteó los 10 mejores papers jurídicos en Estados Unidos que leyó durante 2014.

El escrito está dividido en tres apartados.

El primero donde:

  • Se aborda a grandes rasgos qué es esto de innumeracy y numeracy;
  • Se focaliza el tema en la profesión jurídica dejando bien en claro que el problema de la inhabilidad numérica en los abogados no debe estar exclusivamente centrada en los números sino, y sobre todo, en saber cómo interpretar y entender estudios de carácter científico o social, y
  • Se llama la atención sobre el incremento del papel de los números tanto en aspectos jurídico-procedimentales en lo específico (como el uso de modelos cuantitativos al momento de realizar valuaciones, o al momento de utilizar evidencia criminal) como también en el campo académico, imagino, pues aquí el autor no lo menciona expresamente, que refiriéndose a ramas como el análisis económico del derecho o a la eclosión de estudios socio-jurídicos de índole cuantitativo que de un tiempo acá se están realizando a lo largo y ancho del mundo.

 En el segundo apartado se analizan:

  • Los problemas que implica la inhabilidad numérica en los abogados a partir de dos posturas, la “naíf” y la “cínica”, es decir, la primera que implica una actitud de deferencia hacia los expertos, aceptando sencillamente que los abogados no son buenos para las matemáticas  y quedando a la merced de quienes propiamente los realizan; y la segunda argumentando que dichas cifras son básicamente mentiras manipulables y resulta mejor no atenderlas.
  • La postura que los abogados deben de tomar ante los números que, antes que naíf o cínica, deber ser eminentemente crítica.
  • Un par de ejemplos de cortes estadounidense para ejemplificar lo mencionado.

Y el tercer donde:

  • Se aportan un par de propuestas y posibles soluciones, para combatir el miedo, la ignorancia, la inhabilidad, o cómo quieran llamarle, a la propensión por evitar las matemáticas, la estadística, los números en general en el derecho. Acaso en este apartado no comparto una de las proposiciones realizadas por el autor, que es aquella que habla sencillamente de tener confianza en nosotros mismos como abogados para abrazar los números y las estadísticas. No basta tener solo buenas intenciones. Yo creo que antes de la confianza está el formarse y estudiar en lo que se quiere comprender.

El artículo es bueno porque bueno y breve doblemente bueno (no como este post que es malo y largo por tanto doblemente malo). La propuesta que llama la atención sobre la utilización numérica, sobre la interpretación y comprensión de las estadísticas por parte de los abogados es bien necesaria, los porqués están resueltos, los cómos, en cambio, son los que hay que trabajar.

A continuación el artículo  sobre el que habla este post, publicado en el vol. 17, No. 3, primavera 2014, de la revista Green Bag archives.

¡Ah! Y también la canción de Ricardo Arjona.

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Los abogados y la justicia por Mauricio García Villegas

Hace 10 días Mauricio García Villegas escribió sobre abogados en su columna quincenal en el periódico colombiano El Espectador.

He de confesar que la primera vez que leí el artículo, no sabía que lo escribió García Villegas. De hecho, el inicio del mismo me pareció un poco pedante y estuve a punto de abandonar su lectura. Pero no lo hizo. Y por el contrario, al continuar leyéndolo lo descubrí bastante pero bastante agudo y por tanto bien ameno e interesante.

En el artículo, el autor del conocido libro La eficacia simbólica del derecho además de pronunciarse a favor de regular la profesión de los abogados en su país, que es Colombia, realiza una pertinente argumentación sobre la misma donde involucra temas de desigualdad educativa, de ética, además de tomar en consideración factores cuantitativos sobre la profesión y circunstancias políticas coyunturales.

El artículo no es el típico (y aburridísimo) artículo sobre medios de regulación en la abogacía que propugna soluciones milagrosas, o que acaso diagnostica un tema sobrediagnosticado. Y es que valga la pena mencionar que  Mauricio García Villegas es, a mi consideración, uno de los nombres indispensables hoy en día al momento de abordar temas de teoría crítica y sociología jurídica, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial.

Me calló, no doy más spoilers. A continuación, lo que escribe el autor en cuestión sobre la regulación de los abogados en Colombia. El artículo es de acceso libre, y acá encuentran el link. Subrayo las ideas que me resultaron más interesantes (que son casi todas).


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Los abogados y la justicia

Por ejemplo, es una lástima que en una sociedad no haya buenos filósofos ni buenos médicos; pero que un filósofo diga pendejadas por no haber recibido una buena formación, no es tan grave como que un médico opere a un paciente sin saber lo que hace. Por eso, el Estado se debe preocupar más por lo segundo que por lo primero. Con los abogados ocurre lo mismo que con los médicos; como son parte esencial del engranaje de la justicia, que es algo esencial en la vida de una sociedad, no deberían ir por ahí litigando como se les antoje.

En el caso de los abogados el Estado debe vigilar dos cosas. En primer lugar, la calidad de sus conocimientos. Esto se puede hacer a través de un examen de Estado o a través de colegios de abogados (de afiliación obligatoria) que evalúen periódicamente a sus afiliados. Lo segundo, es la ética profesional del abogado. Esto también lo pueden hacer los colegios de abogados o lo puede hacer un tribunal disciplinario políticamente independiente y éticamente intachable.

Estos son controles elementales que se utilizan en casi todos los países democráticos. En Colombia, sin embargo, con una de las tasas de abogados más altas del mundo (354 por cien mil habitantes), estas ideas simples y razonables nunca se han podido llevar a la práctica. No es que no se hayan propuesto, es que cada vez que se proponen, sus opositores, en la academia jurídica y en los círculos políticos (dos mundos demasiado cercanos en este país), ganan la partida. La semana pasada el ministro Yesid Reyes propuso que los abogados tuvieran que pasar un examen de Estado antes de ejercer la profesión y de inmediato saltó un buen número de decanos de facultades de derecho para descalificar la medida, con el consabido argumento de la autonomía universitaria.

El examen de Estado para los abogados se justifica sobre todo en países que tienen una educación muy dispar, como es el caso de Colombia, con facultades de derecho buenas, regulares y malas. Que todos los egresados de esas facultades puedan ejercer la profesión sin ningún control, es un absurdo que muestra cómo en este país los abogados funcionan más como un grupo de interés que como una profesión asociada con la justicia. El control disciplinario, por su parte, también funciona mal, dado que, como se sabe, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha sido, en buena parte, capturada por intereses políticos y corporativistas.

Como los diplomas de las facultades de derecho tienen un valor tan distinto (dadas sus diferencias en términos de calidad), en Colombia hemos creado un mecanismo informal de homogeneización de esos diplomas: se trata de las maestrías ofrecidas por algunas facultades de prestigio en las grandes ciudades, sobre todo en Bogotá. Así, quien obtiene su título en una facultad mediocre y desconocida, hace luego una maestría en una universidad reputada y se presenta como egresado de esta última (una especie de lavado de título). Esto ha conducido, además, a la mercantilización de los posgrados, muchos de ellos de pobre calidad, lo cual es una expresión adicional de la falta de control de la que vengo hablando.

Se habla mucho por estos días de la crisis de la justicia y de las innumerables propuestas para remediar sus males. Eso está bien, sin duda, pero no deberíamos olvidar que la justicia también depende de la educación legal y de la ética profesional, dos cosas que, dicho sea de paso, se refuerzan mutuamente, para bien o para mal.