Desperté y leí la editorial semanal de Juan Villoro en grupo REFORMA. Villoro es uno de mis escritores favoritos, es lo más. Sobre todo sus ensayos y sus crónicas, no lo sé, de hecho, la verdad es que todo lo que escribe me parece sensacional (un saludo a mi amiga Crestina por revivir dicho adjetivo), también su narrativa me resulta bastante precisa.
De un tiempo para acá le he perdido un poco la pista a sus editoriales (quizá porque ya no leo las noticias), pero cuando veo que diversas personas comparten sus artículos en redes, me apresuro a leer lo que escribió el hijo del filósofo Luis Villoro… Hoy sucedió eso.
Esta semana escribió sobre un informe que describe la violencia producida por el narcotráfico en el noreste de México. En su escrito se vislumbran varias partes relativas al fenómeno jurídico y a las intrincadas relaciones que se generan no solo a partir de su puesta en acción, sino, y preponderantemente, desde su origen.
En concreto resalto un párrafo que aquí adelante transcribo sobre lenguaje accesible, y sobre justicia abierta, que me gustó mucho:
En ese sentido, creo que vale la pena echarle un ojo… Pero como la lectura de la columna de opinión sobre la que escribo, es exclusiva para suscriptores, les presto mi ejemplar, o bueno el de mi familia… Y, como siempre, subrayo las ideas que me resultaron más interesantes para el tema de este blog, que es el de los abogados.
Los desafíos de la verdad
Lo más temible para un agente del Ministerio Público es hacer su trabajo. Levantar una denuncia compromete; el reclamo desahogado por el declarante se vuelve materia incómoda.
Investigarlo significaría poner en entredicho a los mandos que no impidieron los sucesos o se han negado a resolverlos, pero sobre todo significaría ponerse en la mira: quien anuncia que pretende esclarecer lo ocurrido se atiene a las consecuencias.
En la trama de complicidades entre el crimen y el Gobierno nada incomoda tanto como la búsqueda de la verdad. Sean responsables o meros testigos de los hechos, los funcionarios que prometen llegar “hasta las últimas consecuencias” saben que cualquier revelación desequilibra un sistema basado en la opacidad.
La “solución” común consiste en restarle visibilidad al problema; difuminar las pruebas, extraviar expedientes, disgregar las partes de la investigación y desaparecer los cuerpos (como ha ocurrido en Tetelcingo, donde las fosas comunes creadas por la autoridad siguen los métodos de los Zetas; “¿Quién aprendió de quién?”, pregunta el poeta y activista Javier Sicilia).
A contrapelo de este cultivo del desconcierto, el politólogo Sergio Aguayo se ha dado a la tarea de transformar el uso social de la verdad en México. Con investigadores de El Colegio de México ha arrojado luz en un clima de ocultamientos.
Hace unos días presentó el informe “En el desamparo”, que aborda la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y las jornadas de terror de los Zetas en Allende, Coahuila, en 2011. Se trata de dos de las muchas afrentas que han convertido al País en una necrópolis.
Por emergencia, desesperación y hartazgo, pero también por responsabilidad ética, esta investigación sustituye el trabajo que el Estado debería haber hecho desde hace mucho.
En México el lenguaje jurídico es una forma del abuso político. Las leyes no se escriben para ser entendidas, sino para que litiguen los abogados, y los informes periciales están lastrados por legalismos que los convierten en material de expertos.
La primera virtud de “En el desamparo” es su lenguaje. En forma diáfana narra los hechos. Todos los datos provienen de expedientes (algunos de 12 mil fojas) que el Gobierno no quiso o no supo consultar. La verdad estaba ahí, pero se escondió bajo la alfombra.
Jacobo Dayán, miembro del equipo de investigación, comenta que casi todas las investigaciones judiciales no se hacen a partir de datos, sino de declaraciones, ya sea de testigos presenciales, testigos protegidos o notas de prensa que se alimentan de filtraciones propagadas por las propias autoridades. Un discurso circular donde la especulación sustituye al conocimiento.
“En el desamparo” registra la falta de respuesta a nivel federal de los reclamos hechos desde el momento de los sucesos, la complicidad de mandos locales con el crimen organizado, la tardanza y la inoperancia de órganos como la CNDH.
Falta conocer en detalle la descomposición social que ha permitido que los Zetas ejerzan el monopolio de la violencia en el noreste del País, pero se adelantan datos significativos.
Llama la atención, por ejemplo, que en el municipio de Allende los Zetas controlen a la policía con sobornos que suman 61 mil 500 pesos mensuales.
¿El Estado carece de recursos equivalentes? Según señaló Aguayo en la presentación del informe, con que un alto funcionario donara parte de su salario se emanciparía a un municipio dominado por el crimen.
¿Hay respuesta a estas indagaciones? No en Tamaulipas. En Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira nombró a un grupo de trabajo autónomo para indagar los hechos, promovió una ley de víctimas y la creación de un monumento a los caídos.
Todo esto se inscribe en el orden de la reparación simbólica. Lo fundamental, sin embargo, es impedir que el horror siga sucediendo, encontrar a los desaparecidos y llevar a la justicia a los responsables.
“En el desamparo” propone un nuevo uso social de la verdad. Conocer lo sucedido, por terrible que sea, es la condición inicial para superarlo.
En la última línea del cuento “There are more things”, Borges hace que el protagonista encare el horror con estas palabras: “La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos”.
En la zozobra de la hora mexicana, este atrevimiento requiere de otra justificación: “La dignidad pudo más que el miedo”.
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