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Abogados plagiando abogados, a propósito del plagio de Sergio E. Casanueva Reguart en “su” libro Derecho Administrativo Integral, por Darío Ángeles y Tito Garza Onofre

Hace algunos años el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la corrupción era un problema cultural en xico. Es decir, dio a entrever que el mexicano es corrupto por naturaleza. Así, la corrupción antes que ser un factor estructural, institucional, o contextual y coyuntural, que podría de alguna u otra manera limitarse, atacarse, pero, sobre todo erradicarse, simple y sencillamente habría que acostumbrarnos a convivir con este generoso fenómeno.

El presidente fue muy, pero muy, criticado. Tanto que prefirió ignorar las críticas. Y seguir adelante como todo un estadista.

Meses después se evidenció que Peña Nieto había plagiado diversos párrafos de su tesis de licenciatura (el 28.8% del contenido de su tesis, según la periodista Carmen Aristegui y su equipo), y antes que erigir una defensa en línea con lo que debería ser un trabajo de investigación ante una Institución educativa medianamente seria, adujo de forma tan sarcástica como altanera que eran “errores de estilo”.

Lo que nadie puede negar es que el presidente es consecuente hasta la médula, porque cuando él mismo está aceptado que plagiar es un tema de forma, un tema menor, cuando acepta que plagiar se vale, acepta implícitamente que el plagio es una forma de corrupción válida, porque es algo cultural. Porque aminorar el plagio es aceptar que en el país no pasa nada y si pasa tampoco pasa nada.

En este espacio ya se ha escrito sobre el plagio (cof cof Edgar Elías Azar y Alejandro Martí), sobre imposturas, sobre aparentar, sobre escribir. Y sin embargo, se tiene que seguir escribiendo sobre lo mismo.

Hace unas semanas en Guadalajara, durante el Congreso CEEAD Educación Jurídica, Christian Courtis en un panel sobre la enseñanza de los derechos humanos, con ánimos un tanto provocadores y alarmistas, dijo que los libros de Burgoa deberían quemarse, o mandarse a las secciones históricas de las bibliotecas. Tal afirmación, generó alguna polémica que después, en el mismo foro, Javier Martín Reyes retomó en su ponencia sobre cómo enseñar la constitución para llamar la atención sobre lo desactualizado, anacrónico y poco variado del mercado jurídico editorial en México. La crítica en concreto, fue contra la principal editorial jurídica del país. Javi no escatima, es bien punk (¡y por eso lo queremos!), y comenzó a despotricar contra Porrúa que, valga la pena decirlo, precisamente, había colocado su puestesito de libros de Burgoa afuera del Congreso, haciendo amigos as always

Pero tenía razón. De hecho, lo seguimos discutiendo días posteriores, tanto en vivo como en redes. El argumento principal era que existe algo que se pinche llama RESPONSABILIDAD SOCIAL (perdón por las mayúsculas, no estamos gritando, sino que se picó sin querer el Caps lock), existe algo que se llama compromiso respecto a lo que se escribe y a lo que se publica, un mínimo de responsabilidad editorial por la sociedad, por quienes compran un libro, estudian del mismo, o de entrada dan el voto de confianza de que lo que se plasma bajo ese sello es algo que vale la pena leer.

No todo tiene que estar sujeto a los vaivenes del puto mercado. No todo se trata de vender por vender. De publicar por publicar. La crítica es mucho más profunda y ya se ha teorizado bastante sobre esto, Gabriel Zaid, por ejemplo, en Los demasiados libros, pero en el ámbito jurídico, o en esta disciplina que muchas veces es tan gremial y condescendiente y donde todos conocemos casos turbios, parecería aplicar lo mismo que afirmaba Peña sobre el componente cultural de estos actos dañinos.

Los que tenemos la oportunidad de dar clases nos quejamos constantemente del copipeist de los alumnos, abundan los casos de deshonestidad académica, pero qué pasa entre nosotros, entre pares. Acaso hay un par de antecedentes concretos en el país, pero el problema es estructural, lleno de complicidades y enturbiado en todos los niveles. Desde casas editoriales, autores, académicos y promotores.

Porque si uno es lo que lee, qué chingados estamos leyendo. Y más en el campo jurídico…

Sirvan estas desesperadas y difusas líneas para que nos acompañen a encontrar 5 diferencias entre los siguientes textos:

Nosotros encontramos las siguientes: la tipografía, el mayor/menor contenido de texto (a la izquierda hay un párrafo adicional), los subrayados a mano en uno de los textos, el número de página y el formato. Pero, esencialmente, son textos idénticos. Esto claro que pudiera ser consecuencia de distintas razones como:

  • distintas ediciones del libro;
  • cita textual excesivamente larga;
  • reutilización de un texto del mismo autor;

Pero esta coincidencia tiene otra explicación: se trata de un plagio en una de las editoriales jurídicas más importantes del país.

El libro en el que se encuentra el plagio se denomina “Derecho Administrativo Integral”, de Sergio E. Casanueva Reguart. Se trata de una primera edición, en la Editorial Porrúa, México, del año 2011, y la obra plagiada es el “Derecho Administrativo” de José Roldán Xopa, en su primera edición, Editorial Oxford, México, del año 2008.

Y aunque quizá se pudiera tratar, como defendería Peña Nieto, de “errores de estilo”, lo cierto es que, hasta donde hemos podido documentar, el libro de Casanueva cuenta con 181 de 350 páginas plagiadas directamente de obras de otros autores (la obra tiene un total de 500 páginas, pero a partir de la página 353 se encuentra la bibliografía, y 6 apéndices). Adicionalmente tiene dos capítulos que se limitan a trascribir gran parte de dos leyes federales.

Debido a que el caso es tan burdo y excesivo les compartimos lo que nos pareció más absurdo del plagio. Trataremos de ser puntuales…

1.- El autor se remite a sus otras obras…. Que no son de él.

El descuido en el plagio es tal que en llamadas a pie de página remite a distintas textos escritos por el mismo autor, que, en el caso del texto de la izquierda (el original) tiene sentido, pues se trata de Roldán Xopa remitiéndose a sus propios textos.

2.- Hacer tus propias gráficas toma tiempo, es mejor tomar las de alguien más.

A la izquierda se encuentra el texto “Teoría General de la Administración Pública”, un texto visible en Internet (el texto se titula “Teoría General de la Administración Pública”, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas, Administración y Contabilidad Pública (el texto lo encontramos con esta búsqueda), y a la derecha el texto de Casanueva.

3.- Porque ante un mismo fenómeno, la forma en que expresamos las cosas es igual para todos.

El texto de la izquierda es de Döring y Hernández (Erika Döring y Carmen Evelia Hernández, titulado “La Administración Pública de nuestros días. Pasado y presente de la Estructura Administrativa del Poder Ejecutivo Federal”, un artículo de 1994, originalmente publicado en la revista “Gestión y Estrategia”, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su número 7. La versión en línea se puede consultar en: http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/4654).

4.- La tecnología tiene que evolucionar, y por eso hay que introducir ligas a páginas de Internet, en textos impresos.

5.- Para qué usar ejemplos nuevos, si puedes reciclar los de otros.

A la derecha el texto de Casanueva. A la izquierda, el texto de Roldán Xopa, el de Marina Ivnisky (Visible acá), y el de Sergi Valera (Visible acá).

Como se puede observar, el texto de Casanueva está repleto de estos ejemplos de transcripciones literales, extensas y sin reconocimiento de la obra de otros autores, ¿cómo puede suceder esto?, ¿es culpa del autor?, ¿es culpa de la editorial?

Decíamos que en este país no pasa nada aunque pase algo, pero decidimos evidenciar el plagio con la esperanza (sí, inocentes nosotros) de que al menos se ponga en la mesa de discusión tanto la producción literaria en el derecho mexicano, como la labor editorial que permitió que semejante obra fuera publicada y puesta en circulación.

Y es que esto no se trata de una compilación para fines académicos, sino de una serie de reproducciones comercializadas al público general que ni siquiera hacen sentido en su totalidad, presentadas bajo el título de “Derecho Administrativo Integral”, con tal grado de descuido que no nos hacen más que suponer, disculpen ustedes, que sucedió una de las siguientes hipótesis:

  • O el autor decidió, conscientemente, plagiar las obras citadas, asumiendo que ni el editor iba a leer su obra (apuesta no arriesgada, considerando el promedio de lectura anual en México); o
  • el libro no fue escrito por él, sino que le pidió a alguien más que lo escribiera, y no tuvo la precaución de revisar el material que le entregaron. Esta situación sabemos que es un secreto a voces. Todos conocemos a alguien que trabaja para juzgadores, profesores, abogados, y que escribe los textos que ellos después publican con su nombre, sin darles crédito.

Ambas hipótesis son lamentables, lúgubres y penosas realidades de la práctica académica mexicana (y de otras latitudes pues, nos consta que las mismas acusaciones existen en España y Argentina), y que nos llevan a formular las preguntas de ¿qué contenidos estamos leyendo los abogados en México?, ¿cómo y quiénes controlan la calidad de lo que leemos?, ¿qué pasa con la editorial que permite que tal plagio llegue al público en general?

Ok, no decimos que sea fácil identificar estas cosas pero algunas cosas se deberían de poder hacer, como contar con un consejo editorial, establecer parámetros objetivos para calificar las publicaciones, invertir en software que pueda comparar los textos, etc. El punto final es: se necesitan mejores contenidos jurídicos en este país. Y este tipo de obras no constituyen eso.

Hasta aquí hablamos de corrupción cultural (¿?), de la calidad de los textos jurídicos, de responsabilidad social. Quizá con esta mezcla de temas acompañados del plagio identificado lo que queremos es que la corrupción, aún en sus “pequeñas” manifestaciones como podrían ser los errores de estilo (llamados plagio en el resto del mundo), no sean reflejo cultural.

Ojalá que al menos a la gente que publica cosas sin escribirlas les dé un poco de culpa; que Porrúa reconsidere sus parámetros para publicar y comercializar obras. Ojalá que Sergio E. Casanueva Reguart de una explicación. Ojalá, cuando menos, mejores textos jurídicos. Quizá, tal vez pero solo tal vez, esto impactaría en la corrupción cultural de la que hablaba Peña Nieto.


* Hemos preparado un documento en que detallamos las fuentes de plagio que, por su extensión, no podía presentarse aquí, pero nos lo pueden pedir si es de su interés.

Los desafíos de la verdad por Juan Villoro

Desperté y leí la editorial semanal de Juan Villoro en grupo REFORMA. Villoro es uno de mis escritores favoritos, es lo más. Sobre todo sus ensayos y sus crónicas, no lo sé, de hecho, la verdad es que todo lo que escribe me parece sensacional (un saludo a mi amiga Crestina por revivir dicho adjetivo), también su narrativa me resulta bastante precisa.

De un tiempo para acá le he perdido un poco la pista a sus editoriales (quizá porque ya no leo las noticias), pero cuando veo que diversas personas comparten sus artículos en redes, me apresuro a leer lo que escribió el hijo del filósofo Luis Villoro… Hoy sucedió eso.

Esta semana escribió sobre un informe que describe la violencia producida por el narcotráfico en el noreste de México. En su escrito se vislumbran varias partes relativas al fenómeno jurídico y a las intrincadas relaciones que se generan no solo a partir de su puesta en acción, sino, y preponderantemente, desde su origen.

En concreto resalto un párrafo que aquí adelante transcribo sobre lenguaje accesible, y sobre justicia abierta, que me gustó mucho:

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En ese sentido, creo que vale la pena echarle un ojo… Pero como la lectura de la columna de opinión sobre la que escribo, es exclusiva para suscriptores, les presto mi ejemplar, o bueno el de mi familia… Y, como siempre, subrayo las ideas que me resultaron más interesantes para el tema de este blog, que es el de los abogados.


245_perfilaticognrmLos desafíos de la verdad

 

Lo más temible para un agente del Ministerio Público es hacer su trabajo. Levantar una denuncia compromete; el reclamo desahogado por el declarante se vuelve materia incómoda. 

Investigarlo significaría poner en entredicho a los mandos que no impidieron los sucesos o se han negado a resolverlos, pero sobre todo significaría ponerse en la mira: quien anuncia que pretende esclarecer lo ocurrido se atiene a las consecuencias.

En la trama de complicidades entre el crimen y el Gobierno nada incomoda tanto como la búsqueda de la verdad. Sean responsables o meros testigos de los hechos, los funcionarios que prometen llegar “hasta las últimas consecuencias” saben que cualquier revelación desequilibra un sistema basado en la opacidad.

La “solución” común consiste en restarle visibilidad al problema; difuminar las pruebas, extraviar expedientes, disgregar las partes de la investigación y desaparecer los cuerpos (como ha ocurrido en Tetelcingo, donde las fosas comunes creadas por la autoridad siguen los métodos de los Zetas; “¿Quién aprendió de quién?”, pregunta el poeta y activista Javier Sicilia).

A contrapelo de este cultivo del desconcierto, el politólogo Sergio Aguayo se ha dado a la tarea de transformar el uso social de la verdad en México. Con investigadores de El Colegio de México ha arrojado luz en un clima de ocultamientos. 

Hace unos días presentó el informe “En el desamparo”, que aborda la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y las jornadas de terror de los Zetas en Allende, Coahuila, en 2011. Se trata de dos de las muchas afrentas que han convertido al País en una necrópolis. 

Por emergencia, desesperación y hartazgo, pero también por responsabilidad ética, esta investigación sustituye el trabajo que el Estado debería haber hecho desde hace mucho.

En México el lenguaje jurídico es una forma del abuso político. Las leyes no se escriben para ser entendidas, sino para que litiguen los abogados, y los informes periciales están lastrados por legalismos que los convierten en material de expertos. 

La primera virtud de “En el desamparo” es su lenguaje. En forma diáfana narra los hechos. Todos los datos provienen de expedientes (algunos de 12 mil fojas) que el Gobierno no quiso o no supo consultar. La verdad estaba ahí, pero se escondió bajo la alfombra.

Jacobo Dayán, miembro del equipo de investigación, comenta que casi todas las investigaciones judiciales no se hacen a partir de datos, sino de declaraciones, ya sea de testigos presenciales, testigos protegidos o notas de prensa que se alimentan de filtraciones propagadas por las propias autoridades. Un discurso circular donde la especulación sustituye al conocimiento.

“En el desamparo” registra la falta de respuesta a nivel federal de los reclamos hechos desde el momento de los sucesos, la complicidad de mandos locales con el crimen organizado, la tardanza y la inoperancia de órganos como la CNDH.

Falta conocer en detalle la descomposición social que ha permitido que los Zetas ejerzan el monopolio de la violencia en el noreste del País, pero se adelantan datos significativos. 

Llama la atención, por ejemplo, que en el municipio de Allende los Zetas controlen a la policía con sobornos que suman 61 mil 500 pesos mensuales.

¿El Estado carece de recursos equivalentes? Según señaló Aguayo en la presentación del informe, con que un alto funcionario donara parte de su salario se emanciparía a un municipio dominado por el crimen.

 ¿Hay respuesta a estas indagaciones? No en Tamaulipas. En Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira nombró a un grupo de trabajo autónomo para indagar los hechos, promovió una ley de víctimas y la creación de un monumento a los caídos.

Todo esto se inscribe en el orden de la reparación simbólica. Lo fundamental, sin embargo, es impedir que el horror siga sucediendo, encontrar a los desaparecidos y llevar a la justicia a los responsables.

“En el desamparo” propone un nuevo uso social de la verdad. Conocer lo sucedido, por terrible que sea, es la condición inicial para superarlo.

En la última línea del cuento “There are more things”, Borges hace que el protagonista encare el horror con estas palabras: “La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos”.

En la zozobra de la hora mexicana, este atrevimiento requiere de otra justificación: “La dignidad pudo más que el miedo”.

Los abogados por Mauricio García Villegas

Hace apenas 2 días, Mauricio García Villegas escribió sobre abogados en su columna en El Espectador.

No es la primera vez que lo hace, de hecho ya he replicado en este espacio cuando, hace más o menos dos años, también escribió sobre estos operadores jurídicos y la justicia.

Como siempre muy crítico, muy claro, y, sobre todo, muy consciente de las problemáticas que parecerían pasar desapercibidas en muchos de nuestros contextos latinoamericanos.

Aunque el artículo de opinión está pensado para Colombia, aprovechando la candidatura del próximo Fiscal General de la Nación, la mayoría de las ideas de García Villegas pueden fácilmente estandarizarse a otras realidades: Abogados que al mismo tiempo son profesores, jueces que una vez jubilados son abogados, políticos que son abogados, puestas giratorias, desatención por el estado de la educación jurídica, inconsciencia del carácter público, falta de seriedad…

En fin, de diagnósticos en estos temas estamos más bien sobre-diagnosticados. Aunque la verdad, es que no son diagnósticos, son autopsias. Habrá que comenzar a hacer algo, denunciar y escribir, me parece un inicio razonable.

A continuación el artículo de Mauricio García Villegas, acá encuentran el enlace original, y, como siempre, subrayo lo que me pareció más pertinente.


mauricio-garcia-villegas-altaLos abogados

En Colombia se habla mucho de la crisis de la justicia y de las instituciones, pero se habla muy poco de la crisis de la profesión jurídica. Sin embargo, es imposible entender lo primero sin tener en cuenta lo segundo. Me explico.

Los profesionales del derecho se pueden desempañar como jueces, profesores, litigantes, asesores de empresas o funcionarios públicos. La calidad del derecho en un país depende de la cultura jurídica que anima a esos profesionales y de la aptitud que esa cultura tiene para promover la institucionalidad y la efectividad de la constitución y los derechos fundamentales.

En Colombia tenemos una profesión que no siempre cumple con esos propósitos. Con demasiada frecuencia el derecho es usado para defender intereses particulares e incluso para debilitar al Estado. Eso se debe, creo yo, a que la profesión jurídica está en buena medida capturada por los litigantes y asesores jurídicos que son, entre todos los profesionales del derecho, los menos inclinados a defender lo público y las instituciones.

El problema empieza con la enseñanza. La gran mayoría de los profesores de derecho son litigantes que no suelen ver en la docencia una vocación sino un cargo útil para ganar clientes. El litigante, además, enseña el derecho a partir de su visión particular, sesgada por el negocio, por las partes en conflicto y por la estrategia litigiosa. Hay por supuesto excepciones, algunas de ellas notables, pero son eso, excepciones.

Algo parecido ocurre en el mundo de la justicia: hay demasiados jueces y magistrados que vienen del litigio (o van para el litigio después) y que interpretan la ley con el sesgo particularista que es propio del litigante. Se calcula que solo el 40 % de los jueces y magistrados han hecho su carrera en la Rama Judicial. Es de suponer que una buena parte del 60% restante viene del litigio. No son pocos los abogados que quieren llegar a las altas Cortes con el propósito de convertirse en exmagistrados litigantes.

Lo mismo ocurre con cargos jurídicos del Estado, desde el Ministerio de Justicia hasta la Fiscalía, pasando por todos los cargos jurídicos del sector oficial. Muchos de esos cargos están ocupados por profesionales que vienen del litigio o de la asesoría a empresas. Aquí llegamos a la célebre puerta giratoria del Estado, en donde un funcionario público que trabaja e incluso crea normas en un determinado ámbito institucional (salud, infraestructura, minas, etc.) se convierte luego en un litigante o en un abogado empresarial para utilizar a su favor esas mismas normas que ayudó a crear.

Un ejemplo de lo que digo es el del abogado Néstor Humberto Martínez, quien es hoy candidato para la Fiscalía General de la Nación. Martínez ha pasado del mundo de los negocios al sector público con una facilidad impresionante. Ha sido superintendente y ministro de varias carteras; pero sobre todo ha sido abogado (uno de los más prestigiosos del país) y asesor jurídico de empresas, todo ello sin perder la memoria ni abandonar sus intereses cada vez que salta de un lado a otro. Pero Martínez no es el único. Que yo sepa, seis de los últimos nueve ministros de Justicia y cinco de los últimos siete fiscales eran litigantes y han vuelto a serlo después de desempeñarse como tales.

En países en donde el derecho se ejerce con seriedad, digamos en Alemania o Francia, la transitividad de un tipo de profesión jurídica a otro es casi inexistente. Los profesores de derecho son casi siempre profesores, los jueces son casi siempre jueces y los litigantes son siempre litigantes y, además, tienen un arraigado sentido de lo público, inculcado en las facultades de derecho. Nos falta mucho para llegar allá… y eso que no hablé de los estrechos vínculos que existen entre la profesión jurídica y la política.

Sistema de injusticia por Jorge Volpi

Ya casi no leo periódicos. Por ende, tampoco sigo editorialistas. Acaso Villoro y dos tres amigos y amigas que, de vez en vez, publican en prensa. Está raro, pero leer opiniones editoriales me gustaba mucho y ahora, simplemente, me parece bastante irrelevante. Quién sabe.

Ayer (por razones absurdas) dormí muy poquito, unas tres horas o quizá menos. Antes de acostarme revisé Twitter y me di cuenta que el bueno de Juan Luis Hernández Macías había tuiteado una liga a un artículo de opinión que redactó el escritor Jorge Volpi, con el siguiente comentario.

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Chingón el tuit de mi tocayo, pero a mi la palabra “obscuro” me gusta escribirla con be porque como que le imprime mayor opacidad a la misma, pero bueno, cada quién…

El caso es que me llamó la atención, lo leí, me gustó y me hizo pensar cuándo fue el momento en que conocí la obra de Volpi. No pude acordarme, pero me acordé que Volpi me gustaba, e incluso me parecía muy bueno. De él, primero leí En busca de Klingsor, que me pareció una puta joya, en definitiva lo mejor que leí de su narrativa, y luego No será la tierra, que no me desagradó, y después algunos cuentos medianamente aceptables y diversos tremendos ensayos como El insomnio de BolivarLeer la mente. Después, me acordé también de lo que pasó cuando fue jurado del polémico premio de la FIL que le otorgaron Bryce Echenique y justo me acordé que ahí le perdí la pista, pues su actitud y sus comentarios me parecieron además de malitos bastante pretenciosos. Luego leí unas críticas de Christopher Domínguez Michael sobre su obra que confirmaron que la decisión de alejarme de Volpi era sensata, y listo, nunca más volví a Volpi. Hasta el día de ayer.

Y es que al final, no es que uno siempre vuelva, sino que uno nunca termina de salir. Está bien, bueno, vamos viendo, pero está interesante, saberse deudor de sus influencias.

Yo sabía que Volpi había estudiado derecho y lo había abandonado por la literatura, pero no sabía algo más sobre dicha decisión. Y pues bueno, en el siguiente artículo publicado en el periódico REFORMA se detalla todo eso, y más. Digo y más, porque su artículo además de ser agudo también es interesante, y hasta cierto punto un poco chismoso, y por lo tanto entretenido.

No tengo mucho que decir sobre el articulo en sí, no porque no tenga algo que decir, sino porque estoy muy cansado y hoy quiero dormir más de tres horas. Pero bueno el artículo se explica solo.

Chingado, bueno, diré algo, diré que me llama la atención del mismo cuando hace referencia al libro que está escribiendo (y el cual seguramente terminaré leyendo), la crítica a la enseñanza del derecho que se realiza, y lo random que me resulta saber que este escritor trabajó con nuestro afamado constitucionalista mexicano el doctor Diego Valadés.

En cualquier caso, subrayo lo que a mi consideración es más interesante, y resalto en negritas la figura de Rolando Tamayo, pues da gusto cualquier anécdota que se sepa sobre él.

La lectura de la columna de opinión sobre la que escribo, solo es posible encontrarla si uno es suscriptor del Grupo REFORMA. Por tanto, les presto mi ejemplar.


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Cuando alguien me pregunta por qué estudié Derecho, suelo dudar o hacer un chiste, y al final confieso un error histórico que corregí con una maestría y un doctorado en Letras. Recuerdo los cinco años que pasé en la Facultad de Derecho como un desafortunado paréntesis: si bien disfruté de dos o tres materias e igual número de grandes profesores -Guillermo Floris Margadant en Derecho Romano, Ricardo Franco Guzmán en Derecho Penal o Rolando Tamayo en Filosofía del Derecho-, el resto me pareció una pérdida de tiempo: aulas atestadas, a veces con 200 alumnos, y la obligación de aprender de memoria leyes y códigos que la mayor parte de las veces no se cumplen o se cumplen sólo para unos cuantos.

Si bien desde la preparatoria había decidido convertirme en escritor -gracias al influjo de mis amigos Eloy Urroz e Ignacio Padilla-, me dejé convencer por mis padres, mis maestros y mis propios miedos de que era mejor estudiar una profesión previsiblemente lucrativa y dejar a la literatura como un placer culpable. La presión gremial tuvo mucho que ver: de los 50 alumnos del área 4, la de Ciencias Sociales en el CUM, 35 estudiamos Derecho en la UNAM pese a que nuestras vocaciones divergieran de la política a la música y del cine a la filosofía.

Un periodo más tenebroso -y fascinante- se abrió para mí durante los tres años que trabajé en las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República al lado de Diego Valadés. A diferencia de lo que ocurría en la Facultad, donde en el fondo maestros y alumnos sabíamos que en México la teoría jurídica jamás se corresponde con los hechos, en estas instituciones tuve la oportunidad de atestiguar no sólo las escasas virtudes y los incontables vicios de nuestro ámbito criminal, sino un concentrado del país con todos sus contrastes. Para un escritor en ciernes constituyó una oportunidad invaluable que muy pocos de mis pares han tenido: observar la realidad de primera mano.

Tras la renuncia de Valadés a la PGR en mayo de 1994, ese “año que vivimos en peligro”, mi lejanía del Derecho se acentuó hasta que lo abandoné por completo. Las leyes y los códigos se volvieron tan nebulosos para mí como para cualquier ciudadano que no tiene que lidiar en tribunales. Veinticinco años después de presentar mi examen profesional (con una extravagante tesis sobre Michel Foucault), he vuelto a sumergirme en mi pasado. Desde hace varios meses investigo un caso criminal con la idea de escribir un libro de no ficción: esta tarea no sólo me ha llevado a examinar detenidamente las miles de páginas del expediente, sino a recorrer de nuevo los laberintos de nuestro orden jurídico.

Si aún no puedo hacerme un juicio definitivo sobre el caso que me ocupa, he podido constatar en cambio lo que a muchos abogados les parecerá una rutina ineludible. Al revisar no tanto nuestra legislación penal, que no difiere tanto de otras tradiciones, sino nuestros procedimientos penales, resulta imposible no darse cuenta de sus incontables defectos. Muchos piensan que el mayor problema de nuestro sistema de justicia se halla en la corrupción, pero antes tendríamos que reconocer la propia perversidad de su arquitectura.

Más que descalificar el sistema por ineficaz, habría que resaltar su absoluta eficacia, si se entiende que fue diseñado para garantizar que los poderosos queden siempre impunes, que quienes los perturban no tengan modo de defensa y, en medio de ello, miles de inocentes terminen en la cárcel. Con su preferencia por la argumentación escrita, que sólo acentúa el papeleo burocrático -y alarga al infinito los procesos-, su entronización de las confesiones -que alienta la tortura, casi ineludible- y la falta de transparencia en sus prácticas, todo funciona para que la verdad quede sepultada bajo los intereses económicos o políticos.

Si a ello se suma la corrupción, presente en cada fase de un proceso, desde la denuncia y la averiguación previa hasta las raras ocasiones en que se llega a una sentencia, el desastre es mayúsculo. A este marco sólo hacía falta añadirle la violencia de la guerra contra el narco para asegurarse de que el caos se tornase sobrecogedor. Tras leer las miles de páginas de mi expediente (en un español macarrónico), la necesidad de imponer los juicios orales se torna obvia: éstos quizás no eliminen todos los problemas, pero al menos limitarán las peores aristas de un sistema concebido para preservar la injusticia.

Cass Sunstein sobre Star Wars y sus nominaciones a los Oscars y el derecho constitucional

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Hoy es la 88 entrega de los premios Oscar. Ha existo tema jurídico-político al respecto, preponderantemente en el aspecto racial, pero también en algunos otros (considerando las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos).

Mi favorita, para todo, es The Revenant. Tengo esa (mala) costumbre, en cualquier quiniela que juego para adivinar a las películas ganadoras. Es decir, le apuesto todo a una sola candidatura. En este caso, elijo la película de González Iñárritu más por motivos emocionales que racionales (como casi todo lo que últimamente ando decidiendo, pfff).

Pero después de la peli de Leo Dicaprio y el osito, sin lugar a dudas, mi película favorita para ganar todos los premios sería el Episodio VII de Star Wars. No solo por ser una de las que más disfruté durante el año pasado, sino y sobre todo por las consecuencias que El Despertar de la Fuerza generó en mi persona (basta ver con la cantidad de post que le dediqué en este espacio).

Desde hace semanas me enteré que Cass Sunstein sacaría un libro sobre Star Wars, y bueno, aprovechando el contexto ahora descubro que este afamado autor, probablemente uno de los constitucionalistas más conocidos en todo el mundo, y también uno de los principales teóricos que más han propulsado temas relativos al paternalismo y concepciones libertarias de diferentes modelos de Estado, escribió en Medium, hace unos pocos días sobre el tema.

El artículo me parece bien a toda madre, sobre todo porque, sencillamente, no me imagino a un constitucionalista mexicano, abordando temas jurídicos o políticos desde una perspectiva de la cultura popular. Por eso, y por el lenguaje llano que utiliza, sin perder el carácter sagaz que caracteriza a la prosa de este autor al utilizar analogías para temas teóricos.

El artículo lo encuentran acá, y, a continuación, ofrezco una libre, campechana, tropical, e irresponsable traducción del mismo.


imagesStar Wars tiene cinco nominaciones en los Oscar —y si realmente lo piensa, eso es una locura

¿Cinco nominaciones a Star Wars en los Oscar? Cinco está muy bien, pero en mi opinión, deberían haber sido diez o quince. Tal vez treinta.

A continuación, una perspectiva desde el derecho constitucional. (Necesaria, por su puesto).

Como todo el mundo sabe, El Despertar de la Fuerza es el episodio VII. Eso significa que J.J. Abrams y su equipo estaban limitados por los Episodios I al VI. Ellos no podían (de forma sencilla) decidir si Obi-Wan y Yoda aún estaban vivos, o que toda la serie se encuentra desplegada durante la década de 1980, o que El Regreso del Jedi fue solo un sueño de Luke. Tenían que ser fieles a lo que había ocurrido antes —pero al mismo tiempo crear algo bueno, es decir, continuar la narrativa de manera que la nueva película le gustara y le encantara a la gente, antes que los hiciera pensar, ¿PERO QUÉ CARAJOS SIGNIFICA ESTO?

Esta es, precisamente, una forma muy similar para entender cómo funciona el derechos constitucional. Supongamos que la Suprema Corte está decidiendo sobre acciones afirmativas, o el aborto, o la ley relativa al financiamiento de las campañas electorales (de hecho, los primeros dos temas se tendrán que resolver este año). Lo que ocurre es que se están produciendo episodios. Se tendrá que ser, más o menos (preferiblemente más), fiel a lo que ha ocurrido antes, lo que significa una grave limitación, e incluso un problema. Pero también esto tiene que producir algo que genere narrativa, considerada en su conjunto, como algo coherente y bien estructurado, en lugar de incoherente y mal construido. Sin lugar a dudas, esto es todo un reto.

Si la Suprema Corte sentencia que el tema de las acciones afirmativas es constitucional el día martes, pero sólo ese martes, sería bastante absurdo. Si dictamina que se pueden abortar niñas pero no niños, sería mucho más absurdo todavía. La tarea es producir una visión global que pueda encajar con los últimos episodios —y que haga a toda la narrativa tan buena como pudiera ser.

En el derecho constitucional, por supuesto, hay mucho más que decir, así que vamos a centrarnos en El Despertar de la Fuerza. J. J. Abrams y su equipo tenían una tarea formidable, y, al mismo tiempo, distintas restricciones de enormes magnitudes, a las que no se enfrentaron los creadores de En primera plana, Misión rescate, o La gran apuesta. Puede ser que no sea tan fácil mantenerse fiel a una determinada narrativa anterior; pero también es difícil continuar en un sentido que el nuevo proyecto funcione. El Despertar de la Fuerza logra satisfactoriamente ambos objetivos.

Cierto, que la película parece un refrito de Una nueva esperanza. Cierto también que no muestra la creatividad de George Lucas. (Por cierto, Lucas cuenta con una sensibilidad literaria que ha sido menospreciada). Es cierto que algunas personas inteligentes han argumentado que debido a que carece de la originalidad de Lucas, la película básicamente cuenta con un aprobado.

Puede que todo esto sea cierto. Pero aún así, la película es hermosa, y amena, y despierta muchas emociones (no solo por el lado nostálgico). Improbablemente, el proyecto tiene éxito en la fusión de lo antiguo y la nuevo. Aún mejor, logra la unificación de las personas a través de generaciones, las divisiones políticas, y la geografía. Liberales, conservadores —Obama, Clinton, Sanders, Rubio, Cruz, Trump— ¿a quién le importa, cuando se trata de Star Wars?

¿Qué otra película logra esto? Los reflectores pertenecen a Star Wars, pese a quien le pese. Cinco nominaciones está muy bien, pero aún así: Star Wars ha sido injustamente robada. (Próximamente más en este espacio)


El próximo libro de Cass R. Sunstein es The World According to Star Wars, que será publicado en mayo por HarperCollins .

Jueces, privilegios y derecho moral a administrar justicia por Juan Iosa y Juan Jesús Garza Onofre

Conocí a Juan Iosa mientras vivía en Madrid durante 2012, coincidimos en varias reuniones, seminarios, y creo que la última vez que lo vi fue en un bar por Callao mientras jugaba México vs. Croacia en el mundial de fútbol pasado. No lo había vuelto a ver hasta el día de ayer lunes, solo que ahora en su Córdoba, Argentina, en el marco del afamado “wine seminar” que conduce Pablo Navarro.

Precisamente, ayer por la mañana Juan escribió esto en Facebook, que me llamó la atención:

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Me llamó la atención por dos motivos.

  • Uno, por que es una problemática común en México, un tema que poco se ha tratado y que resulta bastante hermético al momento en que se quiere abordar.
  • Y dos, porque en el “wine” después de que se discutió un texto de Von Wright sobre Wittgenstein y la tradición, (ah y después de que obviamente se discutiera sobre las próximas elecciones presidenciales) se armó una álgida discusión entre los asistentes sobre el papel de los juzgadores, los privilegios, la moral, e incluso el positivismo, y Dworkin, es decir sobre lo que había escrito Juan en Facebook.

Sinceramente yo me limité a escuchar, estaba muy divertido viendo lo que ocurría, pero lo cierto es que me sentía mucho más afín a lo que argumentaba Juan. Tanto así que hoy por el mediodía al intercambiar mensajes, me comentó que escribiría algo de lo de ayer, le dije que contara conmigo, y bueno, se puso a escribir, me puse a escribir y salió esto.

Si algunos (en especial los jueces y los funcionarios judiciales) están interesados en agregar sus ideas al respecto, refutar, etcétera, más que invitados, pues de eso se trata.


Jueces, privilegios y derecho moral a administrar justicia

Por Juan Iosa y Juan Jesús Garza Onofre

12029086_988644291199546_637494985_n¿Son los jueces y demás funcionarios judiciales unos privilegiados dentro de nuestra sociedad?

En caso que lo sean ¿tienen derecho moral a administrar justicia sobre aquellos que, en buena medida, son víctimas de la injusticia estructural de la que los jueces se benefician? ¿No podría decirle el desclasado, el excluido: ”tú no tienes derecho a juzgarme?”

El punto es que, al menos prima facie, parece haber una profunda contradicción entre ser beneficiario de un sistema social injusto y pretender, desde ese lugar, juzgar y administrar justicia sobre los que están del lado de los perjudicados por ese sistema.

Nuestra intuición es que los jueces son de hecho unos privilegiados y que ello los invalida moralmente para ordenar se aplique la fuerza pública sobre las víctimas de la injusticia estructural.

Van algunos argumentos a favor de ambas cosas, y algunas objeciones posibles. Aquí nada es concluyente de modo que esto es una invitación a los que les interese sumarse a opinar, a ver si entre todos arrojamos un poco de luz sobre el tema.

En primer lugar está la cuestión de si los jueces y demás funcionarios son unos privilegiados. Definitivamente, no son los que más ganan en nuestra sociedad. Además muchos ganamos muy por arriba del nivel de pobreza. Entonces, ¿somos todos los que ganamos por arriba de esa línea, privilegiados? Sin duda en un sentido lo somos, al menos desde el punto de vista del que tiene ingresos por debajo de ese nivel. Pero si bien es necesario que la mayoría de nosotros tomemos conciencia de que en ese sentido somos privilegiados y nos hagamos cargo de las responsabilidades morales que eso implica, necesitamos, parece, un estándar objetivo que excluya de las consecuencias morales de imputar privilegio al menos a buena parte de los que meramente están por sobre la línea de pobreza.

¿Qué significa ser un privilegiado? ¿Qué criterio podríamos construir para decidir a partir de qué nivel de ingresos se es un privilegiado? Sobre esto hay un montón de literatura, pero nos quedemos con lo que podamos pensar nosotros, ahora.

Tal vez podríamos llamar económicamente privilegiados a aquellos que ganan más del promedio de ingresos en la sociedad en cuestión. Este criterio habría que corregirlo usando algo así como el principio de la diferencia de Rawls: las mayores remuneraciones están justificadas en la medida en que tiendan a favorecer a los que están peor en la escala social. Está bueno que un juez o un neurocirujano, por ejemplo, gane un poco más que la media, en la medida en que eso va a incentivar a que haya jueces y neurocirujanos, y esto a la vez va a redundar en beneficio de todos y particularmente de los que menos tienen.

Bien, suponiendo que algo así es un criterio de privilegio, nuestra intuición (y esta afirmación requeriría una justificación que no daremos aquí) es que los jueces no sólo ganan por arriba del promedio social sino que ganan incluso más que lo que el principio de la diferencia puede justificar.

searchUn juez de Cámara de Córdoba, Argentina, gana cerca de 100 mil pesos argentinos, es decir, aproximadamente 10 mil dólares al cambio oficial, por mes.

En México, el presidente de la Suprema Corte tiene ingresos que ascienden a los 25 mil dólares mensuales, y los Magistrados de Circuito cotizan cerca de 15 mil dólares al mes.

¿Qué consecuencias morales se siguen de que un juez sea un privilegiado? Es común afirmar que el derecho incluye necesariamente una pretensión de corrección, de justicia. No es que necesariamente sea justo, pero al menos pretende serlo. El juez debe aplicar el derecho con la idea de justicia en mente, debe resolver los casos a los que se enfrenta de tal modo que su interpretación del derecho lo muestre en su mejor luz moral. El derecho en su mejor luz moral necesariamente debe ser una herramienta que nos lleve a una sociedad donde reine la justicia distributiva. Pongámoslo en los términos menos exigentes posibles: en tal sociedad al menos no deben prevalecer diferencias distributivas aberrantes.

juzga-el-mazo-de-la-ley-en-la-pila-de-monedas-56110619Pero justamente, las diferencias del salario de nuestros jueces en relación al de la mayoría de los ciudadanos son o (al menos en ausencia de un argumento muy fuerte en contrario) parecen ser aberrantes. Se sigue que un juez deudor de una injusticia estructural tal que lo pone en esa situación (acá estamos hablando de cuestiones estructurales, no de si tal o cual juez es una buena o mala persona) no está en condiciones de interpretar el derecho como debe ser interpretado, como una herramienta que nos permita acercarnos cada día un poco más a una sociedad justa. Simplemente sus intereses de clase le impondrán unas anteojeras tales que la neutralidad le será inaccesible.

Además pareciera que el cliente típico del sistema de justicia, sobre todo el imputado en una causa penal, siempre estaría en condiciones de interpelar al juez privilegiado: “yo estoy en la posición desaventajada en la que estoy, con todas las consecuencias que eso conlleva (violencia, desnutrición, falta de acceso a la cultura, etc., etc., etc.) justamente porque usted, señor juez, y gente como usted, está en la posición en la que está. Si cometí un delito, ello en parte tiene que ver con ese contexto. Sí, soy un sujeto libre y nadie me torció la mano, pero lo que hice, lo hice en un contexto que se explica en parte por el suyo. Yo cometí una injusticia puntual, un acto injusto. Pero usted, señor juez, sostiene con sus prácticas un sistema estructuralmente injusto. ¿Quién merece mayor reproche?”

Imaginemos un médico nutricionista que regala dulces a sus pacientes con diabetes, o un pornógrafo a favor de la censura…, la analogía es manifiesta.

Argumentos en contra: una concepción positivista del derecho. Si el derecho es un conjunto de normas y nada más que de normas, entonces, al menos en los casos claros, los jueces cumplen acabadamente su rol aplicando esas normas. No se requiere que sean sujetos moralmente solventes.

una_idea_mucho_arte_manos_dureroEl problema es que hay casos difíciles. Y si bien es cierto, como afirma Guastini, que “cuando se habla de razonamiento jurídico, casi siempre se hace referencia al razonamiento del juez, que se presenta, por tanto, como razonamiento jurídico por antonomasia”, o incluso que “entre los diferentes operadores jurídicos, los jueces son ciertamente quienes han desarrollado unos hábitos argumentativos más depurados”, también lo es que nuestros juzgadores siguen anclados a una concepción formalista y fundamentalmente legalista y apolítica, del derecho. Al abrazar la idea de que existe un modo especial de razonamiento en el que es posible distinguir tajantemente entre derecho por un lado, y moral y política por el otro, se sigue utilizando al derecho como una herramienta que cumple, básica aunque encubiertamente, una función persuasiva y hegemónica, convirtiéndose los jueces y funcionarios judiciales en los encargados de conservar y reproducir los beneficios que reporta a toda la clase privilegiada la existencia de una estructura social injusta. Así los jueces evitan comprometerse con la transformación de su realidad social, perpetuando arcaicos modelos de adjudicación donde la ley, el código, o la norma, tienen la última palabra. Esto les permite inmunizarse frente a cualquier crítica moral: su tarea es meramente aplicar la ley al caso. Pero el caso es que esta estrategia les impide ser congruentes y sinceros consigo mismos, y con el rol que deben cumplir dentro del sistema: interpretar el derecho en su mejor luz moral.

Una cosa más. Parece que los mismos jueces deberían estar interesados y luchar por dejar de ser unos privilegiados. Salir de ese estatus moral tan incómodo en que los pone la injusticia estructural de la cual son deudores es algo que va en su propio interés como sujetos morales. Jueces, adelante, ¡a luchar por sus derechos morales!

Sobre el copipeisteo. A propósito de la infografía de México SOS y los artículos de Edgar Elías Azar y Alejandro Martí

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Durante las ediciones de los años 2011 y 2012 del evento cultural más importante en México, casual y coincidentemente, los reflectores fueron acaparados por dos abogados. Dos abogados que aunque no necesariamente ejercen su profesión, no dejan de ser abogados.

De la edición del 2011 de Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diré más bien poco, pues la verdad es que el presidente de la República no deja de superarse a sí mismo con sus equivocaciones. Me limito a recordar que el entonces precandidato del partido que institucionalizó la revolución, el Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Enrique Peña Nieto, al presentar su obra “México, la gran esperanza”, no supo responder a la pregunta de cuáles eran sus libros preferidos, confundiendo autores y terminando por asegurar que La Biblia, que aunque no la ha leído toda, era uno de sus favoritos.

ABRO PARÉNTESIS: Yo siempre desconfío y catalogo inmediatamente como personas no lectoras a aquellas que me dicen que La Biblia es su libro favorito, por cuatro motivos:

  1. La Biblia son muchos libros en uno, y de muchos autores; por lo que es poco probable que se pueda juzgar con el mismo criterio y rigor literario la obra en cuestión.
  2. Del Pentateuco, a excepción del Génesis y Éxodo, los otros tres libros son más aburridos que leer el artículo 27 constitucional o ver un partido de Rayados, con ese inicio tan lento, es probable que como el actual esposo de Angélica Rivera muchos hayamos abandonado ese proyecto después de las primeras cien o doscientas hojas.
  3. De los cuatro evangelios, yo la verdad prefiero el de Saramago, (no entraré en cuestiones de credibilidad que se me puede acusar de hereje, traidor o contradictorio) por simplemente encontrarlo más llevadero.
  4. La difícil cuestión de encuadrar los Salmos, no es tema menor; pues ya que si bien son parte de la misma obra, estos están considerados como cantos o poesías (existiendo unos lindísimos y bastante armónicos).
  5. Sospecho que para poder considerar a la Biblia como un libro favorito, también se deben conocer con igual o mayor profundidad cualquier otro de los considerados libros sagrados de tantas religiones existentes.

Nota aclaratoria: Desconfíen más de quienes no saben contar y desconfíen mucho más de los que desconfían. CIERRO PARÉNTESIS.

Me centraré en la edición del 2012 de la Feria, al momento en que el jurado que concede el premio FIL de Literatura a un determinado escritor por su trayectoria, se vio envuelto en una fuerte polémica por otorgárselo al Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, Alfredo Bryce-Echenique, acusado de plagio en múltiples ocasiones. El autor, al recibir previamente el premio para evitar altercados, buscó defenderse y al hacerlo cayó en fuertes contradicciones y una vez desesperado, optó por el insulto.

Situación triste, sin lugar a dudas… Pero (creo) un tanto explicable. Me explico.

En lo personal no tengo problemas con la copia, mmm…, bueno, vamos a ver. No tengo problemas siempre y cuando se encuentre bien referenciada y claramente delimitada.

Cuando tuve la oportunidad de dar clases, les decía a mis alumnos que no estaba peleado con el copipeist, solo que en caso de que decidieran utilizar esa (cansina, aburrida, y poco creativa) técnica, me dejaran, por favor, bien claro cuáles eran sus ideas y cuáles no, y de esas que no eran suyas, fundamentaran el motivo por el que dichas ideas se encontraban en su trabajo, o bien que las criticaran y las comentaran.

Entonces, para mi, andar copipeistiando alegremente por la vida, siempre que se cite la fuente, no me parece que esté mal. Estaría mal hacerlo y no citar la fuente. Y peor sería copipeistiar y que te cachen.

Escribo todo esto porque en días pasados ocurrió algo curioso.

En México, como ya se habrán enterado, desde hace un par de meses son tiempos de vacas gordas, épocas doradas, para escribir sobre abogados; esto debido a la reforma constitucional que se avecina sobre colegiación y certificación profesional. Todos tienen que decir algo al respecto. Da igual si nunca has estudiado el tema, o si ni siquiera te importa, tienes que decir algo porque ES el tema de moda. Está cool escribir sobre abogados y colegiación, y por qué no, ya que andamos en esas, también sobre ética profesional. Estás out (jurídicamente hablando) si al día de hoy no has dicho nada al respecto.

Sinceramente este blog para eso es, para aglutinar cualquier opinión que excepcionalmente existe sobre abogados, pero lo cierto es que me he visto rebasado…, son tantos los escritos que mejor claudiqué, tiré la toalla, pues la verdad es que me parece, y me incluyo, que nadie dice nada. Vueltas en círculos, perros persiguiéndose la colita. Rebuscadas digresiones teóricas, críticas muy críticas, benevolentes e idílicas recetas, bla bla bla, pocas implicaciones prácticas.

Prueba de esto, no es solo que se sigan utilizando los mismos argumentos, sino que también se siguen utilizando los mismos datos, para responder las mismas preguntas:

¿Cuántos abogados hay en México? ¿Cuántas escuelas de Derecho hay en México?

Y bueno, pues quién tiene estos datos. Pues poca gente la verdad. Poca gente que se ha puesto a chambear con seriedad en los mismos. Y que por lo tanto resultan valiosos. Tan valiosos que bien valdría la pena reconocer, o por lo menos citar, cuando se les refiere.

El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, CEEAD, desde septiembre de 2014 emitió una relevante y novedosa infografía sobre el número de escuelas de derecho y abogados en México. Datos que no son menores, pues implicaron un arduo trabajo de investigación y recopilación información.

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A tan solo algunos días de que se dio a conocer dicha información, Miguel Carbonell replicó la información con su debida fuente en su columna de La Silla Rota. Sobre esto ya he escrito pero va de nuevo…

Los datos dan para mucho, pero muchísimo análisis. Incluso para una segunda parte de la tesis de Luis Fernando (acá encuentran la versión publicada por el IIJUNAM y el CEEAD). No obstante, la primer pregunta que surge después de leer dicha información es: ¿Existen demasiados abogados en México?

Y bueno, ¿quién más? ¿y quién mejor?, que el mismísimo y omnipresente Miguel Carbonell, que es más vivo que Cristiano Ronaldo dentro del área chica, —ABRO PARÉNTESIS (Fue Baudelaire el que dijo “Lo que es creado por el espíritu es más vivo que la materia”, ¿acaso, no será Carbonell un invento del cosmos?) CIERRRO PARÉNTESIS—, quien escribe de todo, e incluso de lo que todavía no ha pasado (ya he descrito a este peculiar jurista en otro post), el que responde a dicha pregunta en su columna de opinión en La Silla Rota, replicando los datos del CEEAD, y haciéndolo en un tiempo récord de solo 5 días después de que fue publicada la infografía. 

El artículo de Carbonell no lo copio, pues lo único que hace es transcribir en prosa la información del CEEAD con una introducción, relativa a que “La carrera de derecho es la tercera más demandada en México, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)” y con una conclusión de dos parrafitos. De cualquier manera acá está el link.

Vuelvo sobre el tema pues durante esta semana recibí una infografía de la asociación civil que preside y fundó Alejandro Martí, México SOS, la cual copia a la infografía del CEEAD. O sea, hahahaha, una infografía dentro de otra infografía, algo tipo Inception, o tipo Vicente Fernández cuando pinta cuadros al oleo de Vicente Fernández.

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¿Los que hicieron dicha infografía están copiando sin citar? Sí. Y eso está feo. Pero está más feo que no solo copien, sino que además copian mal, pues en México no se crean tres escuelas cada dos semanas, como dicen ellos, sino cada semana, como dice la infografía del CEEAD.

Pero bueno tampoco pasa mucho, no es propiamente un trabajo académico, ni una opinión editorial, además habrá que mencionar que el pasado 2deoctubrenoseolvida, en un escrito publicado en el periódico El Universal, el señor Martí, al hablar ZzzzzZzZzzzzzzzZzzZsobre colegiación, ahora sí cita la fuente del CEEAD (aunque también lo hace mal), como queriendo solventar lo sucedido, o reivindicar a los generadores de la información, o yo qué sé cuáles serán las razones por las que sí decide citar su fuente en el artículo pero no en la infografía.

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Lo cierto es que sería bastante burdo y grosero que en un artículo de opinión publicado en un importante periódico de circulación nacional se hiciera alusión a este tipo de datos y no se citara la fuente. Bien por el señor Martí que copipeistea y avisa. Dudo que exista alguien que tenga la desfachatez de no hacer esto.

Me equivoco. También durante esta semana, y también en una columna de opinión en El Universal, nada más y nada menos, que el mismísimo Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, al hablar ZzzzzZzZzzzzzzzZzzZsobre colegiación, cita los datos del CEEAD sin referencia alguna.

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Como dijo una amiga, “¿cómo queremos profesionalizar abogados, si no actuamos de manera profesional cuando damos datos sobre la colegiación y certificación?” La pregunta, entonces, sería: ¿Quiénes profesionalizan a los que profesionalizan? Chale.

ABRO PARÉNTESIS No puedo pasar la oportunidad de comentar la foto del Magistrado. Hahaha, o sea da para un post entero, y mil memes, se me ocurren tres…

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CIERRO PARÉNTESIS. En fin.

Hay de maneras a maneras. Y también de operadores jurídicos a operadores jurídicos. De persona a personas. Un ejemplo, también con los datos del CEEAD, y también en El Universal (me voy percatando que este periódico es, posiblemente, el que más haya publicado cosas sobre abogados y colegiación, hmmm), que me parece acertado, o más que acertado que sencillamente se limita a sí hacer una referencia, y justificada, de los datos, fue a través de un artículo del Ministro Cossío, denominado: ¿Y los abogados?

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Como diría un compadre, si bien es cierto que la información que genera el CEEAD es pública y que todos la pueden utilizar, también lo es que un principio ético básico es el dar reconocimiento a las fuentes de las que obtenemos la información.

Más allá de lo patético que puede resultar la copipeistiada sin fuentes, del plagio y sus implicaciones éticas (agravadas cuando son llevadas a cabo por alguien que aspira a profesionalizar la profesión), me parece tan sensato como importante llamar la atención sobre la riqueza de citar fuentes, y lanzar una invitación a intentar abandonar la idea de que todos debemos ser grandes generadores de LAS ideas y LOS datos, de información novedosa, nueva, atractiva, de seguir queriendo descubrir el hilo negro.

El último libro que ha escrito Alfredo Bryce Echenique se titula Dándole pena a la tristeza, bastante adecuado para estos tiempos.

Entre abogados te veas… por Pedro Salazar Ugarte

011113_HIDRAImaginemos un villano de esos invencibles. No tipo Dart Vader, o Lord Voldemort, Úrsula la de La Sirenita, o Scarf en El Rey León, que aunque terribles, al final siempre pierden frente al bien y desaparecen. No. Uno de esos que como el mar, se va y siempre regresa. Se me ocurre evocar a alguien más bien de carácter mitológico, tipo el monstruo acuático llamado Hidra. O sea, que le cortan una cabeza, y le salen dos más, que se tiene la seguridad de que ya ha fallecido, y al final se levanta y vuelve a causar estragos. Acaso, otro ejemplo por el estilo también sería el pollo gigante de Family Guy que pelea con Peter Griffin cada temporada, y que aunque suele perder las batallas a muerte, de manera irremediable al final, cuando se cree que está inerte, abre un ojo y queda vivo (aunque convaleciente) para la próxima batalla. Bueno pues lo mismo con el tema de la colegiación de los abogados en México.

Cuando parece que el tema se ha calmado, pasa un buen tiempo, y así de la nada, ¡PUM!, este aparece intempestivamente y durante varias semanas, o incluso meses, hay que hablar sobre colegiación.

Chingaó. A mi el tema me cansa un poco, sobre todo por la manera como se suele abordar. Pero al mismo tiempo que me cansa, también me enoja, pues este tiene mucho, muchísimo, potencial, pero las formas fallan, se vuelve trivial, lo postulado hay que venderlo como remedio, y como solución a todos nuestros problemas jurídicos. Y que ni se nos ocurra estar  en contra porque es pecado. Y también hay que aplaudir y usar togas porque así tendremos mejores abogados. Bah.

Sin embargo, pues ahí hay que estar al pendiente de lo que se diga, y sobre todo preparados para lo que se venga.

Como esta semana fueron unos “foros” “públicos” en el Senado de la República para discutir las reformas sobre colegiación y certificación profesional, pensé que sería buena idea hacer a través de este espacio una especie de anti-foro, o sencillamente estar presentando visiones críticas, y disidentes, sobre la colegiación, un tipo de Semana de la colegiación en el blog. Pero la verdad es que ni me alcanzó el tiempo, ni tampoco me terminó de entusiasmar la idea. Igual mejor en las siguientes semanas voy presentando algunos de los materiales que encontré.

Escribí algo para un blog del CIDE que por acá lo encuentran (y que días después Oscar Cruz Barney también lo hizo pero en otro sentido). También se recuperaron en Borde Jurídico un par de escritos que me pidieron el año pasado sobre las reformas de colegiación y certificación, que en aquel entonces también estaban de moda y todos hablando de estas. Pero poco más.

Yo no lo sé. Yo no estoy en contra de la colegiación. Estoy en contra de cómo se ha planteado esta colegiación, y también de lo idealizada que está la profesión del abogado en el país. De que sea tan hermética, de que los clientes, y los usuarios de los abogados no tengan nada que ver en esto. Se necesita creatividad, y mucha para sortear los problemas del ejercicio de la abogacía en México. Pero pues esto no interesa. Habrá que sacar la reforma rapidito, y sobre la marcha ir viendo cómo fracasa, y cómo se adecua a la cultura jurídica. Todo mal. Todo improvisado, todo tarde. En fin, heme aquí otra vez hablando sobre colegiación, pido que me ignoren, tanto por mi desinterés, como por mi odio infundado. En todo caso, y ya que andamos en esto, recomiendo a Cecilia Martínez (abogada por la UDEM e investigadora del CEEAD), que hizo un excelente trabajo, en el marco de su maestría por el ITESM, sobre el tema. Ella sí sabe sobre esto, es más conciliadora que yo (no sé si esto necesariamente es algo bueno), y también más sensata (esto tampoco), y sobre todo más audaz y más clara (esto creo que sí) que muchos que, como yo, escriben sin ganas o escriben por escribir por la coyuntura, o porque en estas semanas el tema volvió . Ya le he dicho, y pedido, que me gustaría leer su opinión sobre lo que estamos viviendo pero pues quién sabe, como que no se anima (sí Cecilia. Si estás leyendo esto, interprétalo como una forma de presionarte).

Dentro de los muchos que están, que estamos, hablando sobre colegiación, lo hizo el director de Jurídicas de la UNAM, Pedrito Salazar, y me llamó la atención que el artículo editorial de su columna en El Universal la tituló igual que este blog, es decir Entre abogados te veas…

Ya he explicado el origen del nombre de mi blog, y también he dicho algunas cosas sobre este dicho. Y nada, sencillamente me hace gracia, haha. O sea me da poquita risa, pero poco más que comentar. Salazar es muy pero muy lúcido en sus temas de democracia, teoría del derecho, de constitucionalismo, pero pues bueno para esto de la colegiación, este mmm hmmm, pues más bien más de lo mismo, detectar problemas, justificarlos, pero dentro de las mismas fórmulas y esquemas en que se plantea el tema de colegiación, certificación, y ética en la profesión. Sinceramente me gustaría creer que con buenas intenciones basta, pero pues no, hay que teorizar, y entrarle de lleno, y socializar el derecho, y mil cosas más. Ahí queda. Más que por interés, escribo este post para dejar constancia de lo escrito por Salazar, y para seguir cumpliendo con la misión archivística de este blog sobre cualquier cosa que se produzca sobre abogados. De hecho, prueba de esto, es que no es domingo, de hecho es viernes por la noche y estoy posteando.

Screen Shot 2015-09-11 at 5.21.28 PMAhhh una última cosa. Poner un artículo titulado como este blog, dentro de este blog… Me recordó un reciente post de Chente Fernandez en su Facebook, al confesar que la pintura era otra de sus grandes pasiones, y compartir algo que pinto que era un retrato de él mismo. Hahaha. Vinception, dijeron poray. Bueno pues algo así. Hahaha.

A continuación, lo que escribe el autor en cuestión sobre la colegiación de los abogados en México. El artículo es de acceso libre, y acá encuentran el link. Como siempre, subrayo las ideas que me resultaron más interesantes.


pedrosalazarreEntre abogados te veas… 

Los abogados tenemos fama de “aves negras”, dice Cristian Courtis, que aparecen cuando hay problemas para obtener ventaja de la desgracia ajena. “Tiburones” ha llamado Magaloni a ciertos jurisconsultos que abusan de sus clientes y se enriquecen a sus costillas. Y todos sabemos que —si bien es incorrecto e injusto generalizar— ambas imágenes tienen asideros en la realidad. Lo que sucede es que los abogados intervienen con protagonismo en eventos que tienen que ver con bienes y valores muy sentidos para las personas: sus relaciones familiares, su patrimonio, su libertad, etcétera. Así que cuando adolecen de una formación técnica adecuada y, sobre todo, de un bagaje ético solvente pueden causar daños graves a la vida de sus clientes.

Por lo mismo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estamos decididos a apoyar tres acciones estratégicas: la formación de abogados técnicamente sólidos, socialmente responsables y éticamente solventes; la certificación periódica de quienes han decidido ejercer la abogacía y la colegiación obligatoria. Son tres acciones distintas, necesarias en lo particular y complementarias en su conjunto.

Sobre el tema de la formación de los futuros abogados nos preocupa especialmente la proliferación de escuelas de Derecho sin la calidad académica y los estándares éticos necesarios. El Estado mexicano ha sido negligente en esta materia y estamos pagando un costo muy alto por ello. Esto es preocupante en sí mismo pero sobre todo lo es cuando se viven momentos de profunda transformación jurídica como los actuales.

Por lo que hace a la certificación pensamos que la libertad en el ejercicio profesional no debe mermar la calidad de los servicios y, por lo mismo, que es legítimo exigir que los profesionistas del Derecho demuestren que cuentan con conocimientos actualizados para realizar su tarea.

Finalmente, en lo que se refiere a la colegiación obligatoria, estamos convencidos de que esta es una pieza clave en el rompecabezas del ejercicio de la profesión jurídica. Me detengo en este punto. La colegiación es una medida estratégica para lograr el control ético, la independencia y la libertad de los abogados. Los colegios sirven como instancias para controlar el ejercicio de la profesión jurídica pero también —y esto es muy importante— para permitir su plena realización. No debemos olvidar que los abogados interactúan con actores poderosos y pueden afectar intereses sensibles. Por lo mismo, deben actuar bajo la exigencia y el acompañamiento de sus pares. De hecho, no es posible concebir a la certificación sin la colegiación y viceversa. 

A muchos nos preocupa cómo dar el paso del desorden actual hacia un sistema de certificación y colegiación obligatorias eficiente. Para lograrlo, si se aprueba la ley que lo permita (y que está en la mesa de los senadores), sería importante contar con una instancia implementadora que sea independiente de las autoridades del Estado y de las organizaciones de abogados existentes. Se trataría de una especie de “ómbusman de la abogacía”, que —como ha propuesto D. Valadés— podría denominarse “comisión nacional de ética forense” y que serviría para orientar el proceso de cambio. Dicha orientación tendría un carácter meramente ético o axiológico. Es decir, dicha instancia carecería de facultades vinculantes o punitivas. Su misión sería guiar el cambio, denunciar sus desviaciones, advertir problemas, emitir recomendaciones.

Es cierto que existen preocupaciones legítimas en torno a la propuesta de la Colegiación Obligatoria. Algunos dudan de sus efectos potenciales y otros temen la creación de monopolios poderosos. Estoy convencido de que la instancia propuesta serviría para evitar esas distorsiones. Su carácter sería transitorio pero jugaría un papel clave en la implementación de un proyecto que debe ser amplio, incluyente y verdaderamente nacional. Un proyecto para brindarle al país los abogados que necesita (y merece).

Pobreza y justicia por Ana Laura Magaloni Kerpel

Ayer sábado 8 de agosto escribió, en los distintos periódicos del Grupo REFORMA, Ana Laura Magaloni sobre pobreza y justicia en México. Una editorial tremenda, además de crítica y bastante aguda, construida a partir de una narrativa tan amena como sensata.

El punto central de la profesora del CIDE se puede resumir en que ser pobre equivale a vivir fuera de la ley. Pero no en el sentido de focalizar la problemática en quienes de alguna u otra manera tienen que sortear al sistema jurídico para sobrevivir, sino, precisamente, en el sentido opuesto. Es decir, en la invisibilidad de las personas pobres para los aparatos de justicia, en aquellos, utilizando un término que me parece profundamente esclarecedor y poético, huérfanos jurídicos.

“Concesiones graciosas” llama Magaloni a los apoyos sociales, a las migajas con las que papá gobierno trata de apaciguar y anestesiar a millones de personas en condiciones de pobreza en México. Concesiones graciosas, concesiones cojas, huecas, obtusas, que poco sirven para materializar los derechos que los legisladores, de forma intencional, programáticamente inscriben cada sexenio  en la constitución.

Me queda claro que EL tema (sí así con mayúscula) de este siglo, de los años venideros (no solo en México, sino en gran parte del mundo) es pobreza y desigualdad. Sobre este deberán girar la gran mayoría de los aspectos teóricos a desarrollar… Abogacía, por ejemplo.

El último párrafo de la editorial de Magaloni creo que refleja a la perfección esto que digo: ¿Por qué los pobres no tienen abogados? ¿Por qué las defensorías de oficio es un tema menor? ¿Por qué los ricos, los que tienen capacidad económica para comprar, no sé si los mejores abogados, pero sí los más influyentes y, acaso, los más formados, son los que ganan los juicios? ¿Por qué un pobre no conoce sus derechos? Porque, como bien dice la autora, sería algo amenazante. Algo que no conviene.

Las respuestas no creo que solo vayan de la mano del tema de pobreza, sino también de un aspecto propio de la cultura jurídica, de su hermetismo, de su hegemonía, de su falsa apariencia, del lenguaje, de sus operadores, de un montón de fenómenos que no solo se encargan de difuminar derechos, sino que también se encargan de minarlos para que solo un séquito de orgullosos, e incestuosos, especialistas aparenten saber que los manejan.

La lectura de la columna de opinión sobre la que escribo, solo es posible encontrarla si uno es suscriptor del Grupo REFORMA. Por tanto, les presto mi ejemplar. También añado la liga a la TED Talk que hace alusión la autora al inicio del artículo. Subrayo las ideas que me resultaron más interesantes, que en este caso son casi todas. Tremendamente lúcida y certera, como siempre, la profesora Magaloni.


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En una interesantísima TED Talk, Gary Haugen, un abogado defensor de derechos humanos, cuenta, con historias concretas de personas en distintas partes del mundo, la estrecha relación que existe entre la pobreza y la falta de instituciones de ejecución de la ley (policías y tribunales).

Por ejemplo, Haugen reseña la historia de Venus, una mujer viuda de Zambia, que tuvo que ver morir a su hijo por falta de alimentos, porque, al fallecer su esposo, un señor que vivía en su comunidad la despojó de su casa y su tierra sin que ella pudiese defenderse. Venus y sus hijos se quedaron sin siquiera recipientes para transportar agua.

O la historia de Griselda, una joven guatemalteca que recibió ayuda del Gobierno para poder estudiar, pero sus sueños de prosperar a través de la educación se arruinaron cuando de camino a la escuela fue violada por varios jóvenes de su comunidad sin que la Policía y el Ministerio Público interviniesen para castigar a los responsables.

Estas historias, entre muchas otras, según Haugen, ayudan a comprender uno de los elementos que explican el fracaso de las políticas de alivio a la pobreza en el mundo.

Ninguna de esas políticas atiende un aspecto central de lo que significa la pobreza: vivir fuera de toda protección de la ley y, por lo tanto, no poder defenderse frente al abuso, la violencia o los actos ilegales de otros. No hay manera en que las personas y las familias prosperen desde esa orfandad jurídica.

Los resultados del informe del Coneval sobre la medición de la pobreza 2014 muestran claramente el fracaso de nuestras políticas de alivio a la pobreza. A pesar de todos los programas existentes, la pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas entre 2012 y 2014. La pobreza extrema prácticamente quedó igual: pasó de 11.5 a 11.4 millones de personas en ese mismo periodo.

Estos resultados deben obligarnos a repensar el problema y a redefinir las políticas en este ámbito. Y creo que, siguiendo el argumento de Haugen, es indispensable que las políticas de desarrollo social atiendan la marginalidad jurídica de los millones de personas que viven en pobreza.

Hasta ahora los apoyos del Gobierno en educación, alimentación, vivienda, salud, entre otros, son concesiones graciosas del Estado para las personas que viven en pobreza. Si esos apoyos no llegan o los servicios públicos son de mala calidad, los afectados no cuentan con la información y la asesoría jurídica que les permita promover amparos y defenderse en tribunales.

Es más, ni siquiera existe, como política pública, la idea de difundir que cada uno de esos servicios públicos forma parte del catálogo de derechos constitucionales de los ciudadanos y que, por tanto, es posible reclamar jurisdiccionalmente su cumplimiento.

La democracia en México no cambió la concepción de que la política social es un instrumento de control y de construcción de redes clientelares de los gobiernos estatales y federal. Quizá por ello no se ha logrado que el Estado sea capaz de proveer un conjunto básico de servicios públicos de calidad que no estén condicionados por nada y que les permita a los pobres prosperar.

La marginalidad jurídica de los pobres no sólo tiene que ver con los servicios públicos. También existe en la relación con otros individuos. ¿Qué puede hacer una persona que vive en pobreza para defenderse del abuso y atropello de otros?

Son historias de todos los días los estafadores que venden a los pobres terrenos que no están en regla y se salen con la suya, las madres solteras que no pueden cobrar la pensión al padre de sus hijos, los jornaleros que son esclavizados por agroempresarios propietarios de las siembras, las costureras que son explotadas por las empresas de confección de ropa, las trabajadoras del hogar sin horario, prestaciones ni sueldo digno, y un larguísimo etcétera.

Ninguna reforma judicial hasta la fecha ha buscado derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza en México. Empoderar a la gente y darle instrumentos de defensa frente al Estado y frente a otros debería ser una tarea prioritaria de las políticas sociales.

Sin embargo, por una razón que no logro explicarme, una cuestión tan básica como darles abogados a los pobres en México parece un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante.

¿Puede una abogada ser madre? por Xabier Etxebarria

lawyer_moms_logo-full3binit_Hoy es 10 de mayo, en México día de la madre, en España no, aquí este día se celebra el primer domingo de mayo, o sea justo hace una semana. Me parece que las maneras de festejar a las mamás son bien distintas en estos 2 países. Mientras en México Denisse de Kalafe suena todo el día y abundan los mariachis, las rosas rojas, y los festivales en las escuelas (obviamente con sus respectivos trabajos manuales), en España puedo afirmar que la celebración es más bien discreta, o bueno no discreta, digamos menos tropical, estrafalaria y pachangosa, ¿qué no es menos tropical, estrafalario y pachangoso comparado con, como diría Villoro, esa indescifrable realidad que por conveniencia llamamos México? Muy probablemente tenga mucho que ver la cultura machista mexicana, su doblemoralismo, y también los pinches estereotipos respecto a la maternidad. Ojo, no digo que en España esto esté superado, pero por lo menos, a mi no me parece tan burdo como en mi país. *Uiii, uiii, uiii, uiii…, suena la alarma malinchista*

Festejar a la madre por el solo hecho de ser madre me parece ofensivo por varias razones, menciono un par por ser las primeras que me vienen a la mente, pero seguro hay muchas, muchísimas más. Uno, por el alto contenido misógino que conlleva la parafernalia de festejar a mamá en su día regalándole un electrodoméstico, o invitándola a comer para que no cocine…, pfff, patético. Y dos, porque al resaltar “el valor de ser madre”, “el instinto maternal”, “el mejor regalo que Dios te puede dar”, se relega un rol emancipador de las mujeres que deciden ser madres al normalizar lo que implica el sacrificio de su realización personal y profesional.

Ya he hablado sobre patriarcado y abogacía. Me queda claro que todavía falta hacerlo con mayor profundidad (espero que me de  la vida, digo la tesis, digo la  vida, para hacerlo). Dentro de este apartado algo que puede resultar bien interesante es, precisamente teorizar sobre las madres que ejercen como abogadas. En Estados Unidos existen varios blogs que tratan el tema, o más que tratar el tema estos espacios, realizados por madres abogadas, difunden experiencias y consejos al respecto. En Hispanoamérica no conozco algo concreto. Debe de existir, seguro. Pero la verdad es que como todavía no entro a desarrollar el tema, no tengo la certeza. Pido perdón por ello, también pido perdón por pedir perdón, digo, es mi blog, y mi investigación, ya veré qué hago cuándo se me de la gana. Pido perdón por eso también.

Tras una búsqueda rápida me encontré un artículo de opinión de la edición española de El HuffPost escrito por, Xabier Etxebarria, un abogado y profesor de derecho penal de la Universidad de Deusto (por cierto, acabo de ir a San Sebastián y quedé fascinado, ¡¡¡está bien bonito!!!, quiero estudiar algo, lo que sea en el País Vasco, (no descarto cocina) si alguien sabe de algo más allá de Oñati…, por su colaboración eskerrik asko).

El artículo es más bien viejito, de 2012, pero está bien, o sea me gusto porque, además de llamar la atención sobre la importancia del tema, traza las principales directrices de la cuestión en España, pues abogacía y maternidad tiene muchas aristas jurídicas, sobre todo en materia laboral. No sé si la legislación que se cita todavía esté vigente, o se haya reformado, pero bueno, creo que proporciona una buena panorámica y, sobre todo, sirve para poder contrastar lo que se está haciendo o no, en otros países.

Termino. Aprovecho para saludar a 2 abogadas y mamás que quiero mucho y son ejemplo para mi. Obviamente mi mamá, que es la mejor, y la otra, hasta Argentina (que según me informo allá el día de las madres se celebra durante el mes de octubre, pero da igual), mi  amiga Caro Villanueva, que cuida a su hermosa Julia y al mismo tiempo lucha por los derechos de las personas privadas de su libertad (acá algo de lo que logró ella y el equipo con el que trabaja, el año pasado).

A continuación, ¿Puede una abogada ser madre? por Xabier Etxebarria. El artículo es de acceso libre, y acá encuentran la liga. Subrayo las ideas que me resultaron más interesantes.


Screen Shot 2015-05-11 at 2.05.37 AM¿Puede una abogada ser madre?

Sí, claro. Me consta. Conozco casos. Obviamente la pregunta es una provocación, una llamada de atención. La cuestión en realidad es si puede serlo y sobrevivir, y a qué coste.

Me refiero principalmente a las abogadas ―sirve exactamente igual para procuradoras― autónomas, que trabajan por su cuenta, en un despacho individual o pequeño, es decir, a la mayoría de las abogadas españolas.

Conciliar es la palabra mágica, conciliación de la vida laboral y familiar; hasta se conjuga como verbo: yo concilio, tú concilias, ella concilia, nosotros conciliamos… todo el mundo concilia; se supone que es un objetivo consensuado entre todos los sectores sociales, ideologías, opciones partidarias…; se apoya en multitud de legislación que la promueve, incluso existe legislación específica como la Ley 39/1999; se regula la reducción de jornada, el permiso de maternidad y paternidad, el permiso de lactancia…; se forman redes sociales como ewww.conciliacionrealya.org

Incluso la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha establecido el siguiente decálogo de propuestas para mejorar la situación: 

  1. Separar lo personal de lo laboral. Seguir la regla de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de tiempo libre.
  2. Priorizar. Organizar el tiempo en función de tareas urgentes de verdad.
  3. Aprender a decir “no”.
  4. Planificar. La planificación es la piedra angular de la gestión del tiempo: hacer un listado de tareas.
  5. Ser respetuoso con el tiempo propio y exigir a los demás que lo sean también.
  6. Ser puntual en los horarios de comienzo de jornada para estar más legitimado para salir puntualmente.
  7. Evitar y combatir el presentismo. Las empresas cada vez evalúan más a sus trabajadores de acuerdo a sus resultados.
  8. Convocar reuniones sólo cuando sea necesario, sustituirlas cuando se pueda por una conversación telefónica.
  9. Organizar las reuniones para que no se extiendan. Hay que fijar no sólo hora de inicio, sino también de finalización.
  10. Sustituir las comidas de trabajo por desayunos. Igual de efectivos para la toma de decisiones, pero mucho más breves.

Pero, ¿y en el ámbito de la Administración de Justicia? Las jueces, las fiscales, las funcionarias, las peritos… casi todas las mujeres en el ámbito de la justicia tienen acceso a las posibilidades actuales de conciliación de la vida familiar y la laboral.

Sin embargo, para las profesionales liberales conciliar la vida familiar y la vida laboral es una carrera de obstáculos.

Por otro lado, la sensibilidad de los juzgados se encuentra entre el cero y los números negativos. Las madres abogadas o abogadas madres podrían contar innumerables anécdotas: tener que redactar un recurso de casación en el hospital a punto de dar a luz, porque el Tribunal Supremo, que se toma un año en decidir si acepta el recurso anunciado, considera improcedente ampliar el plazo de 15 días sólo porque vayas a dar a luz; asistir a un cliente en una declaración en el último mes de embarazo sin que nadie le acerque una silla a la única persona de pie, la mujer embarazada; que para hacerte un favor te señalen un juicio para el mismo día que está el parto planificado, “así haces el juicio y te vas para el hospital tranquila”; que tu hijo conozca más la luz del ordenador del despacho que la del parque; tirar de sacaleches en los baños de los juzgados para poder aguantar todo el juicio…

Afortunadamente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificó el art. 188 de la LEC, en relación con los motivos de suspensión de las vistas, estableciendo en su punto 5 lo siguiente:

5.- Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión.

Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos requisitos, otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión social y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad Social.

Como se puede comprobar, finalmente se ha atendido la reiterada pretensión de la Abogacía estableciendo como causa de suspensión de las vistas la “baja por maternidad o paternidad del abogado” ―aunque difícilmente una autónoma podrá tener una baja como tal―. Queda que los juzgados apliquen la ley y que los Colegios de Abogados se impliquen en esta reivindicación legítima de las abogadas.