8 preguntas sobre abogados (y algo más) a Sergio López Ayllón

El pasado martes 29 de enero de 2019, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, tuve la oportunidad de entrevistar a Sergio López Ayllón (Ciudad de México, México 1960).

Sergio López Ayllón es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de posgrado en la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París (París II). Desde 2013 funge como Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución en la que ha sido Secretario General, Director de la División de Estudios Jurídicos y profesor e investigador. Asimismo fue investigador y Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En definitiva para quienes intentamos estudiar la profesión jurídica en México desde la sociología del Derecho los textos que, hace ya algunos años, Sergio López Ayllón y Héctor Fix-Fierro escribieron sobre abogados resultan una referencia obligada para poder tener una perspectiva general sobre un tema que resulta urgente pensar y repensar, un tema que, por lo general, pasa inadvertido ante la enorme cantidad de juristas que se centran exclusivamente en una óptica normativista de este fenómeno. Según recuerdo, además de esclarecedores y provocadores, el profundo influjo que tuvieron sus papers marcaron la ruta para trazar unas coordenadas mínimas sobre la abogacía en el país. Saber cuántos abogados existen, su incremento cuantitativo y su decremento cualitativo, conocer a qué se dedican, qué es lo que leen, dónde estudian, etcétera, en definitiva, nos hacen detenernos un momento ante la innumerable cantidad de leyes y de sus incesantes reformas y reflexionar en torno a sus aplicadores.

Cuando podamos estar en posibilidad de comprender que Derecho y operadores jurídicos son productos concomitantes, tal vez, dejemos de sacralizar esta idea tan idílica como falaz que se tiene respecto a nuestro ámbito de estudio y trabajo. Y es que eso es, precisamente, lo fundamental. Saber que así como el Derecho no es algo perfecto, ni sacro, ni impoluto, algo que, por el contrario, es a todas luces perfectible, razonable y que debería estar en constante comunicación con otras disciplinas, también habrá que tener en mente que quienes lo operan están sujetos a una serie de circunstancias contextuales.

Y ahí creo que se encuentra una de las principales virtudes de Sergio, no solo en su trabajo intelectual desde lo jurídico, el cual refleja una amplia conjunción de abordajes multidisciplinares y temáticas variadas, sino también en su actuar cotidiano, en el ejercicio práctico de la profesión. Al compartir diversos amigos en común, en distintas épocas e instituciones, todos coinciden en su sagacidad y su asombrosa intuición para detectar problemáticas y eventualmente encontrar soluciones prácticas. El afamado dicho que afirma que “cuando uno va, algunos ya fueron y vinieron”, no es broma que yo se lo he escuchado aplicado a Sergio aumentado y refinado en más de un par de ocasiones. De ahí que valga la pena nunca perderlo de vista, leyéndolo y escuchándolo, estando al pendiente de su trabajo como académico, como funcionario y como intelectual público. En sus facetas que, a diferencia de muchos otros que lo intentan, ejecuta con una maestría propia de alguien que sabe y disfruta lo que hace.

Agradezco a Sergio López Ayllón su tiempo para tener esta fructífera charla sobre abogacía. Por su capacidad para sintetizar y socializar un fenómeno tan complejo como el Derecho pero, sobre todo, por su disposición para construir mejores prácticas jurídicas que eleven no solo la calidad de sus operadores sino también la de toda una futura generación de profesionistas que enmarcan su trabajo dentro de una misma comunidad política.

A continuación las 8 preguntas sobre abogados, y algo más a Sergio López Ayllón.

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1. ¿Qué es lo primero que tienes en mente cuando escuchas la palabra abogado?

Sergio López Ayllón (SLA): Gangster.

2. Menciona el primer abogado o abogada (no importando sean profesionales, profesores, políticos o bien personajes de literatura, series de televisión o cine) que se te venga en mente.

SLA: Mi tío.

3. Si tuvieras la oportunidad de poder volver atrás en el tiempo, ¿volverías a estudiar Derecho?

SLA: Sí porque me ofreció un enorme horizonte de posibilidades, de conocimientos a partir de la simplicidad del Derecho. El Derecho al final tiene que ver con todo y creo que pude aprovechar esa amplia variedad de espectro para introducirme en muchas cosas que, de otra manera, difícilmente hubiera podido realizar..

4. Una de las principales recomendaciones del Informe en materia de justicia cotidiana que hace tiempo realizó el CIDE, y que tú coordinaste, se enfocó en “revisar los programas de formación de abogados y regular el ejercicio de la profesión jurídica”. Me centro en esta última parte, porque parecería que el tema de la colegiación (en específico la colegiación obligatoria) se ha querido posicionar como la panacea para el gremio.

Después de varios intentos fallidos de reforma en la materia, ante una profunda desigualdad en el acceso a la justicia, y un creciente distanciamiento de los operadores jurídicos de la realidad social, ¿no crees que la colegiación generaría otro “cuello de botella” en las dinámicas de la profesión? En general, ¿cuál es tu opinión sobre la colegiación de los abogados?

SLA: Comparto, o más bien creo, que no hay que sobrevalorarla. La colegiación es una herramienta que puede ser útil si está acompañada de otra serie de condiciones. En este momento yo no he sido partidario de la colegiación y menos de la colegiación obligatoria. Creo que hay que trabajar otras vías que tienen que ver en primer lugar con mecanismos de certificación de los abogados que salen de las muchísimas escuelas de derecho y que difícilmente cumplirían con requisitos mínimos de conocimientos. Creo que hay que fomentar la colegiación pero hay que restructurarla de manera tal que no sea un mecanismo que genera una barrera de acceso, sino que sea un mecanismo de certificación de la calidad profesional y fomento a la educación continua de las personas que están colegiadas. Si hacemos esto probablemente en una década o más podríamos pensar si la colegiación obligatoria es una alternativa razonable. Lo que estoy convencido es que tenemos una profesión jurídica de muy baja calidad en promedio y que la mejora de los mecanismos de operación jurídica, de las instituciones jurídicas, pasan por la calidad de los recursos humanos y de la calidad de la formación de los abogados y que una parte de la explicación de por qué no tenemos un estado de derecho sólido tiene que ver con la baja calidad de la profesión jurídica

5. ¿Estás a favor o en contra del uso de la toga en la profesión?

SLA: En general en contra. No me aparece que corresponda a un patrón cultural que haga sentido en el medio jurídico mexicano. Soy un poco más favorable al uso de la toga en la judicatura, no en la profesión.

6. Considerando que el potencial de la licenciatura en Derecho se encuentra relacionado con el hecho de que la economía y la política se rigen en términos jurídicos, ¿qué opinas de que, por lo general, lo cuadros políticos de las clases dirigentes tradicionalmente se encuentran conformados por abogados? Es decir, ¿necesitamos más abogados en la administración pública, o por el contrario sería bueno que otros profesionistas conformen la misma?

SLA: Necesitamos mejores abogados en la administración pública, abogados que conozcan de administración pública, que conozcan de economía, que conozcan de ciencias políticas, que conozcan de regulación, que sepan negociar e innovar… Abogados con otro tipo de habilidades que hoy no tienen los abogados promedio en la administración.

7. En esta serie de emblemáticos trabajos que en 2005 realizaste con Héctor Fix-Fierro respecto a los abogados en México, una de sus conclusiones señalaba que la profesión jurídica mexicana, “si es que existe, no desempeña ningún papel significativo en el proceso de legitimación institucional ni en el gobierno general de la sociedad”.

Quince años después, te pregunto, ¿podrías seguir sosteniendo dicha afirmación o, por el contrario, crees que ya se puede hablar del surgimiento de un sentido efectivo de solidaridad “orgánica” en el gremio?

En cualquier caso, ¿cuál crees que debería su papel de los abogados bajo el actual contexto político que estamos viviendo?

SLA: Hay algunos elementos que me hacen pensar que sí hemos avanzado en esa dirección: todavía de manera incipiente, el rol distinto de los abogados, de las barras de abogados, el papel de los jueces constitucionales, el papel de algunas clínicas del derecho. Creo que encontramos indicios donde la profesión jurídica empieza a jugar ese papel que debió haber jugado hace mucho tiempo y que es el utilizar las herramientas jurídicas para la protección de los derechos y para la consolidación del Estado democrático. Entonces, sin ser extraordinariamente optimista, veo algunos signos alentadores.

8. No tengo la menor duda de que el CIDE ha sido una de las instituciones en México pioneras en la innovación educativa. Por lo menos, en el ámbito jurídico sus métodos de casos y, en general, el sello del trabajo interdisciplinar que los caracteriza ha podido ir permeando no solo distintas generaciones de profesionistas, sino también otros espacios educativos.

Sin embargo, estamos en un país en el que “uno de cada tres universitarios cursa estudios de derecho o contaduría, y en muchos casos el graduado llega al mercado laboral con paupérrimos niveles de habilidades y conocimientos”.  

En ese sentido, te pregunto, ¿qué se te ocurre para diversificar la elección de una carrera en México? O más bien, ¿es deseable que se diversifique? O, en todo caso, ¿qué alternativas imaginas para elevar la formación de los profesionistas en México?

SLA: En general creo que la educación universitaria tiene que modificar ya su modelo. Seguimos manteniendo el modelo de disciplina en estancos, donde hay poca comunicación y poca intercomunicación entre las diferentes disciplinas. Creo que necesitamos una reforma comprensiva de la educación de licenciatura que permita más movilidad, que permita más interdisciplinariedad y evidentemente pienso en el derecho. El derecho debería, como el modelo americano, ser más una etapa terminal de especialización que una disciplina que corre una sola dirección de 4, 5, 6 años. El mundo se está moviendo a velocidad vertiginosa en las nuevas habilidades que requieren los profesionales y yo creo que todo el sistema se va a tener que adaptar a estas disposiciones mucho más rápido de lo que usualmente somos capaces de reaccionar.

A continuación, te diré una serie de nombres conceptos y por asociación me gustaría que respondas lo primero que se te venga a la mente:

Sociología del Derecho	Deber
Universidad Paris II	Francia
Alejo Carpentier	La consagración de la primavera
CIDE	Energía
María del Refugio González	Maestra
NAFTA	La mejor Universidad
Derecho administrativo	José Roldan
UNAM	Mi casa
Constitución	El ideal
Sistema Nacional Anticorrupción	Una quimera
Piano	Música
Impunidad	Guerra
José Barragán	Mi profesor
SCJN	Mis amigos
Vino tinto	Vida
Justicia Cotidiana	Una promesa
Jorge Carpizo	Un maestro
Derecho	Paz
Justicia	Lo indispensable
México	Mi patria

Viñetas sobre la justicia entre perros y gatos

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Viñetas sobre abogados.

Sobre el comic #JusticiaAbierta de @CarlosSotoM @MariaSilvaTE y @GuffoCaballero

El afamado cuento Ante la Ley de Franz Kafka me parece uno de los mejores ejemplos que se han ideado para explicar la lógica del funcionamiento de cualquier sistema de justicia. Aunque no es momento de explayarme sobre dicho relato, me parece tan cruda como verídica la idea que ronda el escritor nacido en Praga respecto al hermetismo, violencia, ajenidad e indiferencia que entraña la impartición de justicia. La eterna espera del campesino que se presenta ante las puertas de la ley custodiada por ese tétrico guardián barbado, viene a desmentir determinados conceptos preconcebidos sobre la justicia preconcebida como algo de acceso universal, de rápida y eficiente diligencia, y articulada sobre la base del respeto de otros derechos.

Bueno pues Kafka ideo ese cuento en 1915. Hace ya más de cien años. Y aunque se pueda decir que las cosas han cambiado, lo cierto es que resulta difícil hablar de que enfrentar al derecho, apercibirse ante las puertas de la ley, sigue siendo una actividad más bien hermética y repleta de turbias complejidades.

La revictimización que sufren las personas al interponer sus pretensiones ante tribunales, el fuerte componente clasista dentro de las estructuras del propio sistema, la indiferencia e ignorancia de muchos funcionarios jurisdiccionales, los engorrosos trámites, lo arraigado del formalismo en nuestra cultura, el aislamiento de la disciplina jurídica, etcétera, etcétera, etcétera…, son múltiples y diversos fenómenos que difícilmente pueden modificarse, ya no digamos de la noche a la mañana, sino cada tantos años.

El lenguaje como componente fundamental dentro del ejercicio del derecho, resulta clave no solo para establecer un mínimo común denominador con relación a nuestros vínculos relacionales, sino también para forjar las dinámicas sobre las que se despliega este fenómeno. Sobre esto se ha escrito mucho, sin embargo, parecería que de forma continua la agravada tecnificación del lenguaje sirve como excusa para anclarnos en lo anacrónico y lo añejo. No por nada se dice qué aun y cuando la Iglesia Católica ha dejado de usar el latín, nosotros los abogados lo seguimos manteniendo.

Cuando le pregunté a Justice Cossío sobre este tema y la impartición de justicia en México, me respondió: “creo que existe un discurso sobre el lenguaje claro, sobre accesibilidad, pero creo que no se ha transformado en lo más mínimo. Creo que seguimos teniendo pésimas sentencias, pésimas demandas. Un lenguaje crecientemente defectuoso“. No se equivoca.

Hace días salió a circulación un comic sobre la importancia de la Justicia Abierta ilustrado por mi paisano regiomontano, el buen Guffo Caballero, e ideado y compuesto por la magistrada María Silva y el magistrado Carlos Soto, donde en dieciséis páginas, de la mano de un martillito (yo prefiero llamarle así, pues su nombre correcto (mallete) es más bien un tanto feo) y una lupita, se trata de evidenciar la importancia de utilizar ciertos principios guías al momento de impartir justicia.

Después de leer el comic, me parece que este se puede dividir en tres apartados que a continuación reseño de forma bastante sucinta. En la primera se realiza un repaso por ciertas ideas que es importante socializar y propulsar para mejorar el sistema de justicia en cualquier sociedad que aspire a su consolidación democrática, así como también se proponen algunos mecanismo para involucrar a la sociedad al momento de impartir justicia. Después, en un segundo momento, se enlistan seis beneficios puntuales de la Justicia Abierta, que van desde mejoras económicas hasta el fomento de capacidades intelectuales y el fortalecimiento de principios institucionales. Por último, y aunque solo en una página pero muy importante, se realiza un breve diagnostico sobre este tema en México, a la vez que se describen un par de acciones para impulsarlo.

Pues bueno, yo no sé si esto se pueda medir, se pueda categorizar, o incluso si se pueda traducir en beneficios concretos para nuestro entorno jurídico-político. Quién sabe, ojalá. Lo que por el momento sí puedo hacer es alegrarme por pensar otras formas de pensar el derecho, porque estos esfuerzos valen la pena por su pretensión de socializar lo que hacemos más allá de nosotros mismos.

Idear nuevos esquemas sobre los que podamos convertir al campo jurídico en un campo menos hermético y asilado, es una tarea muy pero muy compleja (que a algunos se les hace aburrida y a otros les parece algo pueril) que conlleva comunicarnos mejor para que podamos entendernos, exigir, criticar y reflexionar sobre nuestra propia comunidad.

A continuación replico de forma íntegra el trabajo de Guffo, María y Carlos.

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Jueces, privilegios y derecho moral a administrar justicia por Juan Iosa y Juan Jesús Garza Onofre

Conocí a Juan Iosa mientras vivía en Madrid durante 2012, coincidimos en varias reuniones, seminarios, y creo que la última vez que lo vi fue en un bar por Callao mientras jugaba México vs. Croacia en el mundial de fútbol pasado. No lo había vuelto a ver hasta el día de ayer lunes, solo que ahora en su Córdoba, Argentina, en el marco del afamado “wine seminar” que conduce Pablo Navarro.

Precisamente, ayer por la mañana Juan escribió esto en Facebook, que me llamó la atención:

Me llamó la atención por dos motivos.

• Uno, por que es una problemática común en México, un tema que poco se ha tratado y que resulta bastante hermético al momento en que se quiere abordar.
• Y dos, porque en el “wine” después de que se discutió un texto de Von Wright sobre Wittgenstein y la tradición, (ah y después de que obviamente se discutiera sobre las próximas elecciones presidenciales) se armó una álgida discusión entre los asistentes sobre el papel de los juzgadores, los privilegios, la moral, e incluso el positivismo, y Dworkin, es decir sobre lo que había escrito Juan en Facebook.

Sinceramente yo me limité a escuchar, estaba muy divertido viendo lo que ocurría, pero lo cierto es que me sentía mucho más afín a lo que argumentaba Juan. Tanto así que hoy por el mediodía al intercambiar mensajes, me comentó que escribiría algo de lo de ayer, le dije que contara conmigo, y bueno, se puso a escribir, me puse a escribir y salió esto.

Si algunos (en especial los jueces y los funcionarios judiciales) están interesados en agregar sus ideas al respecto, refutar, etcétera, más que invitados, pues de eso se trata.

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Jueces, privilegios y derecho moral a administrar justicia

Por Juan Iosa y Juan Jesús Garza Onofre

¿Son los jueces y demás funcionarios judiciales unos privilegiados dentro de nuestra sociedad?

En caso que lo sean ¿tienen derecho moral a administrar justicia sobre aquellos que, en buena medida, son víctimas de la injusticia estructural de la que los jueces se benefician? ¿No podría decirle el desclasado, el excluido: ”tú no tienes derecho a juzgarme?”

El punto es que, al menos prima facie, parece haber una profunda contradicción entre ser beneficiario de un sistema social injusto y pretender, desde ese lugar, juzgar y administrar justicia sobre los que están del lado de los perjudicados por ese sistema.

Nuestra intuición es que los jueces son de hecho unos privilegiados y que ello los invalida moralmente para ordenar se aplique la fuerza pública sobre las víctimas de la injusticia estructural.

Van algunos argumentos a favor de ambas cosas, y algunas objeciones posibles. Aquí nada es concluyente de modo que esto es una invitación a los que les interese sumarse a opinar, a ver si entre todos arrojamos un poco de luz sobre el tema.

En primer lugar está la cuestión de si los jueces y demás funcionarios son unos privilegiados. Definitivamente, no son los que más ganan en nuestra sociedad. Además muchos ganamos muy por arriba del nivel de pobreza. Entonces, ¿somos todos los que ganamos por arriba de esa línea, privilegiados? Sin duda en un sentido lo somos, al menos desde el punto de vista del que tiene ingresos por debajo de ese nivel. Pero si bien es necesario que la mayoría de nosotros tomemos conciencia de que en ese sentido somos privilegiados y nos hagamos cargo de las responsabilidades morales que eso implica, necesitamos, parece, un estándar objetivo que excluya de las consecuencias morales de imputar privilegio al menos a buena parte de los que meramente están por sobre la línea de pobreza.

¿Qué significa ser un privilegiado? ¿Qué criterio podríamos construir para decidir a partir de qué nivel de ingresos se es un privilegiado? Sobre esto hay un montón de literatura, pero nos quedemos con lo que podamos pensar nosotros, ahora.

Tal vez podríamos llamar económicamente privilegiados a aquellos que ganan más del promedio de ingresos en la sociedad en cuestión. Este criterio habría que corregirlo usando algo así como el principio de la diferencia de Rawls: las mayores remuneraciones están justificadas en la medida en que tiendan a favorecer a los que están peor en la escala social. Está bueno que un juez o un neurocirujano, por ejemplo, gane un poco más que la media, en la medida en que eso va a incentivar a que haya jueces y neurocirujanos, y esto a la vez va a redundar en beneficio de todos y particularmente de los que menos tienen.

Bien, suponiendo que algo así es un criterio de privilegio, nuestra intuición (y esta afirmación requeriría una justificación que no daremos aquí) es que los jueces no sólo ganan por arriba del promedio social sino que ganan incluso más que lo que el principio de la diferencia puede justificar.

Un juez de Cámara de Córdoba, Argentina, gana cerca de 100 mil pesos argentinos, es decir, aproximadamente 10 mil dólares al cambio oficial, por mes.

En México, el presidente de la Suprema Corte tiene ingresos que ascienden a los 25 mil dólares mensuales, y los Magistrados de Circuito cotizan cerca de 15 mil dólares al mes.

¿Qué consecuencias morales se siguen de que un juez sea un privilegiado? Es común afirmar que el derecho incluye necesariamente una pretensión de corrección, de justicia. No es que necesariamente sea justo, pero al menos pretende serlo. El juez debe aplicar el derecho con la idea de justicia en mente, debe resolver los casos a los que se enfrenta de tal modo que su interpretación del derecho lo muestre en su mejor luz moral. El derecho en su mejor luz moral necesariamente debe ser una herramienta que nos lleve a una sociedad donde reine la justicia distributiva. Pongámoslo en los términos menos exigentes posibles: en tal sociedad al menos no deben prevalecer diferencias distributivas aberrantes.

Pero justamente, las diferencias del salario de nuestros jueces en relación al de la mayoría de los ciudadanos son o (al menos en ausencia de un argumento muy fuerte en contrario) parecen ser aberrantes. Se sigue que un juez deudor de una injusticia estructural tal que lo pone en esa situación (acá estamos hablando de cuestiones estructurales, no de si tal o cual juez es una buena o mala persona) no está en condiciones de interpretar el derecho como debe ser interpretado, como una herramienta que nos permita acercarnos cada día un poco más a una sociedad justa. Simplemente sus intereses de clase le impondrán unas anteojeras tales que la neutralidad le será inaccesible.

Además pareciera que el cliente típico del sistema de justicia, sobre todo el imputado en una causa penal, siempre estaría en condiciones de interpelar al juez privilegiado: “yo estoy en la posición desaventajada en la que estoy, con todas las consecuencias que eso conlleva (violencia, desnutrición, falta de acceso a la cultura, etc., etc., etc.) justamente porque usted, señor juez, y gente como usted, está en la posición en la que está. Si cometí un delito, ello en parte tiene que ver con ese contexto. Sí, soy un sujeto libre y nadie me torció la mano, pero lo que hice, lo hice en un contexto que se explica en parte por el suyo. Yo cometí una injusticia puntual, un acto injusto. Pero usted, señor juez, sostiene con sus prácticas un sistema estructuralmente injusto. ¿Quién merece mayor reproche?”

Imaginemos un médico nutricionista que regala dulces a sus pacientes con diabetes, o un pornógrafo a favor de la censura…, la analogía es manifiesta.

Argumentos en contra: una concepción positivista del derecho. Si el derecho es un conjunto de normas y nada más que de normas, entonces, al menos en los casos claros, los jueces cumplen acabadamente su rol aplicando esas normas. No se requiere que sean sujetos moralmente solventes.

El problema es que hay casos difíciles. Y si bien es cierto, como afirma Guastini, que “cuando se habla de razonamiento jurídico, casi siempre se hace referencia al razonamiento del juez, que se presenta, por tanto, como razonamiento jurídico por antonomasia”, o incluso que “entre los diferentes operadores jurídicos, los jueces son ciertamente quienes han desarrollado unos hábitos argumentativos más depurados”, también lo es que nuestros juzgadores siguen anclados a una concepción formalista y fundamentalmente legalista y apolítica, del derecho. Al abrazar la idea de que existe un modo especial de razonamiento en el que es posible distinguir tajantemente entre derecho por un lado, y moral y política por el otro, se sigue utilizando al derecho como una herramienta que cumple, básica aunque encubiertamente, una función persuasiva y hegemónica, convirtiéndose los jueces y funcionarios judiciales en los encargados de conservar y reproducir los beneficios que reporta a toda la clase privilegiada la existencia de una estructura social injusta. Así los jueces evitan comprometerse con la transformación de su realidad social, perpetuando arcaicos modelos de adjudicación donde la ley, el código, o la norma, tienen la última palabra. Esto les permite inmunizarse frente a cualquier crítica moral: su tarea es meramente aplicar la ley al caso. Pero el caso es que esta estrategia les impide ser congruentes y sinceros consigo mismos, y con el rol que deben cumplir dentro del sistema: interpretar el derecho en su mejor luz moral.

Una cosa más. Parece que los mismos jueces deberían estar interesados y luchar por dejar de ser unos privilegiados. Salir de ese estatus moral tan incómodo en que los pone la injusticia estructural de la cual son deudores es algo que va en su propio interés como sujetos morales. Jueces, adelante, ¡a luchar por sus derechos morales!