Pobreza y justicia por Ana Laura Magaloni Kerpel

Ayer sábado 8 de agosto escribió, en los distintos periódicos del Grupo REFORMA, Ana Laura Magaloni sobre pobreza y justicia en México. Una editorial tremenda, además de crítica y bastante aguda, construida a partir de una narrativa tan amena como sensata.

El punto central de la profesora del CIDE se puede resumir en que ser pobre equivale a vivir fuera de la ley. Pero no en el sentido de focalizar la problemática en quienes de alguna u otra manera tienen que sortear al sistema jurídico para sobrevivir, sino, precisamente, en el sentido opuesto. Es decir, en la invisibilidad de las personas pobres para los aparatos de justicia, en aquellos, utilizando un término que me parece profundamente esclarecedor y poético, huérfanos jurídicos.

“Concesiones graciosas” llama Magaloni a los apoyos sociales, a las migajas con las que papá gobierno trata de apaciguar y anestesiar a millones de personas en condiciones de pobreza en México. Concesiones graciosas, concesiones cojas, huecas, obtusas, que poco sirven para materializar los derechos que los legisladores, de forma intencional, programáticamente inscriben cada sexenio  en la constitución.

Me queda claro que EL tema (sí así con mayúscula) de este siglo, de los años venideros (no solo en México, sino en gran parte del mundo) es pobreza y desigualdad. Sobre este deberán girar la gran mayoría de los aspectos teóricos a desarrollar… Abogacía, por ejemplo.

El último párrafo de la editorial de Magaloni creo que refleja a la perfección esto que digo: ¿Por qué los pobres no tienen abogados? ¿Por qué las defensorías de oficio es un tema menor? ¿Por qué los ricos, los que tienen capacidad económica para comprar, no sé si los mejores abogados, pero sí los más influyentes y, acaso, los más formados, son los que ganan los juicios? ¿Por qué un pobre no conoce sus derechos? Porque, como bien dice la autora, sería algo amenazante. Algo que no conviene.

Las respuestas no creo que solo vayan de la mano del tema de pobreza, sino también de un aspecto propio de la cultura jurídica, de su hermetismo, de su hegemonía, de su falsa apariencia, del lenguaje, de sus operadores, de un montón de fenómenos que no solo se encargan de difuminar derechos, sino que también se encargan de minarlos para que solo un séquito de orgullosos, e incestuosos, especialistas aparenten saber que los manejan.

La lectura de la columna de opinión sobre la que escribo, solo es posible encontrarla si uno es suscriptor del Grupo REFORMA. Por tanto, les presto mi ejemplar. También añado la liga a la TED Talk que hace alusión la autora al inicio del artículo. Subrayo las ideas que me resultaron más interesantes, que en este caso son casi todas. Tremendamente lúcida y certera, como siempre, la profesora Magaloni.


Screen Shot 2015-08-09 at 9.29.14 PMPobreza y justicia

En una interesantísima TED Talk, Gary Haugen, un abogado defensor de derechos humanos, cuenta, con historias concretas de personas en distintas partes del mundo, la estrecha relación que existe entre la pobreza y la falta de instituciones de ejecución de la ley (policías y tribunales).

Por ejemplo, Haugen reseña la historia de Venus, una mujer viuda de Zambia, que tuvo que ver morir a su hijo por falta de alimentos, porque, al fallecer su esposo, un señor que vivía en su comunidad la despojó de su casa y su tierra sin que ella pudiese defenderse. Venus y sus hijos se quedaron sin siquiera recipientes para transportar agua.

O la historia de Griselda, una joven guatemalteca que recibió ayuda del Gobierno para poder estudiar, pero sus sueños de prosperar a través de la educación se arruinaron cuando de camino a la escuela fue violada por varios jóvenes de su comunidad sin que la Policía y el Ministerio Público interviniesen para castigar a los responsables.

Estas historias, entre muchas otras, según Haugen, ayudan a comprender uno de los elementos que explican el fracaso de las políticas de alivio a la pobreza en el mundo.

Ninguna de esas políticas atiende un aspecto central de lo que significa la pobreza: vivir fuera de toda protección de la ley y, por lo tanto, no poder defenderse frente al abuso, la violencia o los actos ilegales de otros. No hay manera en que las personas y las familias prosperen desde esa orfandad jurídica.

Los resultados del informe del Coneval sobre la medición de la pobreza 2014 muestran claramente el fracaso de nuestras políticas de alivio a la pobreza. A pesar de todos los programas existentes, la pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas entre 2012 y 2014. La pobreza extrema prácticamente quedó igual: pasó de 11.5 a 11.4 millones de personas en ese mismo periodo.

Estos resultados deben obligarnos a repensar el problema y a redefinir las políticas en este ámbito. Y creo que, siguiendo el argumento de Haugen, es indispensable que las políticas de desarrollo social atiendan la marginalidad jurídica de los millones de personas que viven en pobreza.

Hasta ahora los apoyos del Gobierno en educación, alimentación, vivienda, salud, entre otros, son concesiones graciosas del Estado para las personas que viven en pobreza. Si esos apoyos no llegan o los servicios públicos son de mala calidad, los afectados no cuentan con la información y la asesoría jurídica que les permita promover amparos y defenderse en tribunales.

Es más, ni siquiera existe, como política pública, la idea de difundir que cada uno de esos servicios públicos forma parte del catálogo de derechos constitucionales de los ciudadanos y que, por tanto, es posible reclamar jurisdiccionalmente su cumplimiento.

La democracia en México no cambió la concepción de que la política social es un instrumento de control y de construcción de redes clientelares de los gobiernos estatales y federal. Quizá por ello no se ha logrado que el Estado sea capaz de proveer un conjunto básico de servicios públicos de calidad que no estén condicionados por nada y que les permita a los pobres prosperar.

La marginalidad jurídica de los pobres no sólo tiene que ver con los servicios públicos. También existe en la relación con otros individuos. ¿Qué puede hacer una persona que vive en pobreza para defenderse del abuso y atropello de otros?

Son historias de todos los días los estafadores que venden a los pobres terrenos que no están en regla y se salen con la suya, las madres solteras que no pueden cobrar la pensión al padre de sus hijos, los jornaleros que son esclavizados por agroempresarios propietarios de las siembras, las costureras que son explotadas por las empresas de confección de ropa, las trabajadoras del hogar sin horario, prestaciones ni sueldo digno, y un larguísimo etcétera.

Ninguna reforma judicial hasta la fecha ha buscado derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza en México. Empoderar a la gente y darle instrumentos de defensa frente al Estado y frente a otros debería ser una tarea prioritaria de las políticas sociales.

Sin embargo, por una razón que no logro explicarme, una cuestión tan básica como darles abogados a los pobres en México parece un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante.

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One response to “Pobreza y justicia por Ana Laura Magaloni Kerpel

  1. La desigualdad sigue siendo el mismo problema que enfrentan los países latinoamericanos

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