La oralidad en peligro por Diego Valadés

El martes pasado Diego Valadés, en su columna de opinión en REFORMA, que a la vez es replicada en acceso libre el periódico guanajuatense AM, escribió sobre los pendientes del nuevo sistema de justicia penal en México. Es decir, escribió fundamentalmente sobre la abogacía, pues en este nuevo panorama, el papel de estos agentes jurídicos será primordial para su funcionamiento.

Uno de los juristas de referencia de la IIJ-UNAM, y portero de mi selección mexicana de derecho, destaca cuatro aspectos que pueden resultar cruciales a 2 años de que se cumpla el plazo establecido por ley para la implementación del sistema:

  1. Colegiación de abogados,
  2. Escuelas de derecho,
  3. Actualización, y
  4. Pro Bono.

Valadés, como habitualmente lo hace, de manera sucinta y lúcida expone puntualmente los riesgos en cada uno de esos cuatro rubros, en referencia con la oralidad del nuevo sistema.

El artículo es tan pertinente como bueno. Sin embargo, llama la atención que no se hiciera referencia alguna a la reforma constitucional en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias que, desde hace varios meses, se encuentra en el Senado (¿o ya está en la Cámara de Diputados?), con su respectiva Ley General que la desarrolla. Precisamente, dicha reforma lo que pretende modificar el es artículo 5º de la constitución (también el 28 y el 73), al cual hace referencia Valadés en el cuarto párrafo de su escrito.

Usando léxico arjoniano… El problema de estos problemas, es la falta de armonización entre la reforma al sistema de justicia y la relativa a colegiación. Existe un desfase importante de índole temporal entre los objetivos que persiguen estas modificaciones jurídicas.

Vamos a ver. Faltan 2 años para que se cumpla el término para que entre en vigor  la oralidad en el sistema. Probablemente, no se cumpla. Pero quién sabe. Si no se cumple, tampoco pasa nada. Bochornosamente, ya hemos visto lo sucedido con el nuevo amparo. Pero bueno, para la reforma de colegiación obligatoria, los chismes dicen que tal vez se apruebe en el próximo periodo de sesiones. A partir de ahí, se contarán 10 años para su implementación, es decir esperaremos hasta 2024 para desplegar íntegramente su contenido. O bueno, 10 años para que se empiece a certificar la profesión y se cuente con un examen de acceso a la misma. Entonces, suponiendo que en 2016 se cumple el término del nuevo sistema de justicia penal, existe un handicap de 8 años entre el arranque de este y los métodos de certificación y colegiación de los abogados que de manera obligatoria deberán cumplir si quieren desempeñarse en el mismo. Un limbo que, entre la confusión y los problemas de implementación, será aprovechado para aprovecharse del nuevo sistema.

El problema de los abogados ante el nuevo sistema de justicia, no es tema ausente en el debate jurídico. Tanto justice Cossío, justice Zaldivar y hasta justice Luna Ramos se han pronunciado sobre el tema. Lo que está ausente es una agenda legislativa congruente.

A continuación el artículo de Diego Valadés. Subrayé lo que más me interesó, que es más bien todo.


Screen shot 2014-07-26 at 8.03.06 PMLa oralidad en peligro

Una reforma constitucional de 2008 adoptó el sistema penal acusatorio y oral. Su aplicación práctica implica cambios institucionales todavía sujetos a prueba. Las expectativas son elevadas, máxime que a la oralidad de los juicios penales se atribuye la posibilidad de amplios efectos transformacionales para la justicia. No entraré en la cuestión procesal, ya bastante explorada, y me centraré en analizar si, además de los ajustes formales, se han previsto otros también necesarios.

La mencionada reforma constitucional incluyó un transitorio conforme al cual, en un plazo que concluye en junio de 2016, la legislación de todo el país se deberá adaptar al nuevo sistema. A partir de ahora se dispone de menos de dos años para hacer todo lo que está pendiente. En cuanto a las modificaciones legales es posible cumplir a tiempo; lo malo es que no basta con esas adecuaciones.

Hay aspectos que han sido omitidos. Por ejemplo, no se han resuelto los problemas de la colegiación de los abogados, de la calidad de las escuelas de derecho, de la actualización de los abogados en activo, ni de la asistencia jurídica para los justiciables. Son asuntos de los que también depende el éxito o el fracaso de la reforma. Veámoslos.

Colegiación. Llevamos décadas discutiendo si se adopta la colegiación de los abogados como requisito para su desempeño profesional. Conforme al artículo 5o. de la Constitución existe plena libertad para el ejercicio de una profesión. La salvaguarda de esta regla general es importante, pero en el caso de la abogacía ha impedido regular su ejercicio como una actividad de la que dependen la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica de los justiciables. Es indispensable, por ende, llevar a cabo una reforma cuidadosa de ese precepto.

La defensa de inculpados o la representación de víctimas está relacionada con la capacidad profesional y con la idoneidad ética de los abogados. En todos los países donde hay oralidad los colegios o barras ejercen la función de certificar esa capacidad y de controlar esa idoneidad, para ofrecer a los justiciables la certidumbre de que están bien patrocinados y de que, si resulta necesario, cuenten con la posibilidad de defensa ante sus propios defensores.

En México la colegiación está pendiente de una regulación acorde con la trascendencia social de la abogacía. Los datos del INEGI indican que hay alrededor de doscientos mil abogados en activo. Con el sistema penal acusatorio y oral tendrán muchas más atribuciones y obligaciones que las actuales. Acerca de su desempeño profesional y ético no existen instrumentos pertinentes de certificación ni de control, de manera que los justiciables estarán en manos de personas cuyas aptitudes y rectitud no en todos los casos van a ser satisfactorias.

Calidad académica. Conforme a los registros de la Asociación Nacional de Universidades, en el ciclo escolar participan más de mil escuelas de derecho que atienden a casi trescientos mil estudiantes; pero es muy probable que el número de escuelas y de alumnos sea superior. La enseñanza va desde la excelencia de algunas instituciones hasta otras muchas que padecen niveles ínfimos. No existen controles que ofrezcan a los estudiantes un mínimo de garantías en cuanto a la educación que reciben. Las consecuencias de que haya quienes ejerzan sin la formación requerida afectarán al nuevo sistema y se trasladarán a la sociedad. La ineptitud es fuente de corrupción e injusticia.

Actualización. Si la preparación de buena parte de los futuros abogados es más que dudosa, la actualización de los que están en activo es casi inexistente, entre otras cosas porque no se exige como requisito para ejercer la profesión.

Asistencia jurídica. El Estado mexicano no ha anunciado ningún proyecto de instituir un servicio de asistencia jurídica destinada a los millones de mexicanos que carecen de medios para hacer valer sus derechos ante los tribunales. Los servicios de defensoría pública son muy desiguales en el país y sólo están disponibles para los acusados. Hay organizaciones filantrópicas que realizan una tarea encomiable en esta materia, pero sus recursos serán insuficientes frente a las cargas de trabajo que se aproximan.

La conclusión es sencilla: se han consumido seis de los ocho años disponibles. Hay algunas tareas avanzadas y otras a medio andar, pero varias ni siquiera han sido previstas. La oralidad está en riesgo de ser un fracaso más. Todavía es posible recuperar el tiempo perdido.

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